La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la reforma a la salud impulsada por el Gobierno Nacional. Este paso representa el “primer escalón” hacia la aprobación definitiva de la propuesta, que busca transformar el sistema de salud colombiano. Sin embargo, el proceso generó críticas por parte de algunos congresistas, quienes calificaron la discusión como apresurada.
La reforma contempla la eliminación de las EPS, que serán reemplazadas por gestores de salud, y propone la creación de un Consejo Nacional de Salud. Esta entidad reguladora estará adscrita al Ministerio de Salud y supervisará los recursos del sistema. En su composición incluirá a representantes de diversos sectores, como trabajadores de la salud, víctimas del conflicto, grupos étnicos y ministros de Hacienda, Trabajo y Salud.
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Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el artículo 13, que otorga a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) el papel de único pagador del sistema. Esto implica que la Adres financiará los servicios de atención primaria, transporte, incapacidades y licencias, a través de un fondo único público.
El capítulo II establece la creación de Redes Integrales e Integradas Territoriales (Riits) basadas en un modelo de atención primaria. Estas redes tendrán como eje los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que asumirán las funciones actuales de las EPS. Según el texto, estos centros priorizarán la atención digna, reduciendo trámites administrativos y aprovechando tecnologías de información.
A pesar del avance legislativo, el sistema enfrenta un panorama financiero preocupante. De acuerdo con informes de Anif y Afridro, el sistema de salud arrancará 2025 con un déficit de $19,7 billones. Adicionalmente, el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no ha sido suficiente para cubrir las necesidades del sector desde 2022, lo que genera inquietudes sobre cómo se financiarán las deudas existentes.
La discusión en la plenaria de la Cámara será el próximo reto para la reforma, que, aunque avanza rápidamente, continúa enfrentando cuestionamientos sobre su viabilidad fiscal y los impactos en la prestación de servicios.
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