La propuesta del presidente Gustavo Petro busca transformar el sistema de salud colombiano con un enfoque preventivo y territorial. Su implementación podría impactar directamente la formación y el ejercicio profesional de quienes estudian Salud Pública.
La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos y debatidos en el Congreso. Desde su radicación, ha generado fuertes divisiones entre los sectores políticos, académicos y sociales del país. En esencia, la reforma propone un cambio estructural que garantice el acceso universal, equitativo y preventivo a los servicios de salud, reconociendo este derecho como fundamental y de responsabilidad estatal.
Uno de los puntos centrales es la creación de Centros de Atención Primaria (CAP), que estarán distribuidos por todo el país. También se plantea reducir el papel de las EPS, fortalecer la red pública hospitalaria, mejorar las condiciones laborales del personal médico y digitalizar la información en salud. Esto implica un paso hacia un modelo más territorial, con énfasis en la prevención y la atención comunitaria.
Sin embargo, la propuesta ha desatado una intensa controversia. Entre los aspectos más criticados están la desaparición o transformación de las EPS, el riesgo de politización en el manejo de recursos públicos y la concentración del poder en manos del Estado como único pagador del sistema. Quienes respaldan la iniciativa afirman que es una oportunidad histórica para resolver las inequidades y brechas del actual modelo; sus detractores, por el contrario, temen una crisis operativa y financiera.
Para los estudiantes y profesionales en formación en áreas como la Salud Pública, esta reforma representa un cambio de paradigma. Carreras como la Maestría en Salud Pública de Areandina se posicionan como claves en este nuevo modelo, al preparar líderes capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas que respondan a las realidades de los territorios. El rol de estos magísteres será cada vez más determinante.
El nuevo enfoque prevé mayor contratación estatal directa con condiciones laborales más justas, especialmente en zonas rurales. También se dará protagonismo a los perfiles con formación en salud pública para liderar procesos de promoción, prevención y educación, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el sistema de salud. Este rediseño del modelo asistencial exige profesionales preparados y comprometidos con la equidad social.
Actualmente, el avance de la reforma en el Congreso sigue siendo incierto. A pesar del respaldo presidencial, enfrenta resistencias dentro de la misma coalición de gobierno, y no se descarta que se presenten modificaciones o que se tramite una versión alternativa más consensuada. Mientras tanto, organizaciones médicas, universidades y la ciudadanía se mantienen atentos al desarrollo legislativo.
Por su parte, el Ministerio de Salud continúa defendiendo la propuesta como necesaria para mejorar la eficiencia, cobertura y calidad del sistema. Insisten en que los Centros de Atención Primaria permitirán descongestionar los hospitales, acercar los servicios a las comunidades y salvar vidas con enfoque preventivo. Pero su viabilidad depende de un amplio consenso político y de la articulación institucional.
En ese contexto, la formación académica y el liderazgo técnico serán fundamentales. Programas como la Maestría en Salud Pública se convierten en herramientas para quienes aspiran a asumir un rol protagónico en la transformación del sistema. Más allá de las reformas, lo que está en juego es el futuro del modelo de salud del país y el papel de quienes tendrán la responsabilidad de construirlo.
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