Con la aprobación en el Senado, el proyecto de ley que ajusta la financiación de universidades públicas por el Índice de Costos de la Educación Superior avanzará a la Cámara. Instituciones recibirán recursos adicionales y se crea el mecanismo de veedurías ciudadanas.
El proyecto de reforma educativa que transforma el modelo de financiamiento de la educación superior pública en Colombia fue aprobado en el Senado y ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde debe debatirse en Comisión VI y en pleno. Si no requiere conciliación, será remitido para sanción presidencial.
Esta iniciativa propone que las instituciones públicas sean financiadas conforme al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y además recibirán asignaciones adicionales operativas. Con ello se busca garantizar estabilidad presupuestal, elevar la calidad académica y mejorar condiciones para estudiantes, docentes y administrativos.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, resaltó que esta reforma empezará a cerrar la brecha histórica del sector: “destinaremos progresivamente recursos hasta llegar al 1 % del PIB y por fin incluimos a las instituciones técnicas y tecnológicas que habían sido olvidadas”.
También se estipula que las comunidades educativas puedan conformar veedurías ciudadanas con acompañamiento de la Contraloría General, para vigilar el uso de los recursos públicos y fortalecer la transparencia y control social.
El nuevo financiamiento implicará modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, eliminando la dependencia al IPC como fórmula de actualización presupuestal y adoptando el ICES como referencia más realista del crecimiento de costos universitarios.
Según los promotores, esta reforma beneficiará especialmente a cerca de 34 instituciones técnicas y tecnológicas que hasta ahora carecían de base presupuestal en la estructura estatal.
Ya en el Senado, la iniciativa fue respaldada con una votación favorable y obtuvo el aval fiscal requerido para su avance. Su paso a la Cámara representa un momento decisivo en el futuro de la educación pública colombiana.
Si la Cámara concreta su aprobación sin necesidad de conciliación, el proyecto será remitido directamente a la sanción del presidente. De este modo, el país podría disponer de un nuevo modelo de financiamiento universitario con más recursos y mecanismos de control ciudadano.
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