El Inpec divulgó las primeras imágenes de las reseñas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, recluidos en guarniciones policiales tras la orden de prisión del Tribunal Superior de Bogotá por presunta corrupción en la UNGRD e Invías, donde enfrentan cargos por concierto para delinquir y cohecho; sus defensas apelaron la medida más severa que la solicitada por la Fiscalía, pero permanecerán detenidos mientras se resuelve el recurso y la Corte Suprema toma el caso.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) hizo públicas las primeras imágenes de las reseñas judiciales de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, capturados por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Estas fotos muestran a los exfuncionarios en sus sitios de reclusión, cumpliendo la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá. Bonilla, exministro de Hacienda, fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en el norte de Bogotá, mientras Velasco, exministro del Interior, fue enviado a la Escuela de Carabineros en Cali, Valle del Cauca. Ambos se entregaron voluntariamente tras la emisión de las órdenes de captura el 18 de diciembre de 2025. La decisión judicial rechazó la petición inicial de la Fiscalía de detención domiciliaria, optando por prisión preventiva. Analistas judiciales destacan que esta severidad refleja la gravedad de las acusaciones en un caso que involucra millonarios contratos públicos.
Las defensas de Bonilla y Velasco apelaron inmediatamente la medida, argumentando que es más gravosa que la solicitada por la Fiscalía, que proponía arresto domiciliario. Mientras una sala diferente del Tribunal, distinta a la presidida por la magistrada Aura Alexandra Rosero, resuelve el recurso, los exministros deben permanecer tras las rejas. Si la apelación prospera, podrían recuperar la libertad condicional; de lo contrario, la Corte Suprema de Justicia asumirá el juicio principal. Ambos se han declarado inocentes desde el inicio, rechazando cualquier participación en el entramado delictivo. La Fiscalía, a cargo de la delegada María Cristina Patiño, tiene un plazo de 90 días para presentar el escrito de acusación formal. En caso de no hacerlo a tiempo, Bonilla y Velasco saldrían libres automáticamente, según normas procesales.
El caso involucra un presunto direccionamiento de contratos por más de 612.000 millones de pesos en la UNGRD e Invías, entre mayo de 2023 y febrero de 2024. Según la Fiscalía, los entonces ministros ordenaron desviar fondos públicos hacia contratistas designados por congresistas, a cambio de apoyo legislativo a iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro. Esta “empresa criminal” buscaba torcer 79 convenios millonarios, de los cuales solo siete se adjudicaron. Velasco habría liderado una reunión en febrero de 2024 en la Casa de Nariño, denominada “el cónclave” por el confeso corrupto Olmedo López, exdirector de la UNGRD. En este encuentro, participó el prófugo Carlos Ramón González, protegido en Nicaragua pese a una circular roja de Interpol. La fiscal Patiño y la magistrada Rosero corroboran esta denominación, señalando que allí se planeó el esquema delictivo.
Testimonios clave impulsaron las capturas, como el de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla en la cartera de Crédito Público. Benavides firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, proporcionando declaraciones que vinculan a los exministros y motivaron una compulsa de copias a la Corte Suprema. Olmedo López, otro testigo principal, detalló el direccionamiento de dineros a cambio de favores políticos. La Fiscalía imputó a Bonilla (economista) y Velasco (abogado) delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Estos cargos se basan en presuntas dádivas a congresistas para respaldar proyectos gubernamentales. Fuentes judiciales indican que la evidencia incluye grabaciones y documentos que exponen el intercambio de contratos por votos.
Bonilla informó durante la audiencia que padece isquemia, solicitando consideraciones de salud, pero el Tribunal mantuvo la prisión. Velasco, excongresista, enfatizó su inocencia y acusó a testigos de mentir por beneficios judiciales. El caso representa un golpe al Gobierno Petro, con implicaciones para cercanos al presidente, aunque este ha defendido a Bonilla como víctima de extorsión. Opositores ven en las detenciones evidencia de corrupción sistémica en la administración. La Fiscalía argumenta que la libertad de los imputados podría obstruir la investigación. Mientras avanza el proceso, se espera que la Corte Suprema profundice en las conexiones con congresistas.
Reacciones en redes sociales han sido intensas, con publicaciones destacando las reseñas y criticando al Gobierno por presunta corrupción. Usuarios vinculan el caso a figuras como Sandra Ortiz y Martha Peralta, exigiendo más investigaciones. Hashtags como #UNGRD y #Corrupcion dominan debates, polarizando opiniones entre defensores de Petro y opositores. Medios reportan que Bonilla y Velasco rechazan los cargos, confiando en probar su inocencia. El Inpec confirmó los traslados, asegurando condiciones adecuadas en guarniciones policiales. Este escándalo subraya tensiones en la lucha anticorrupción en Colombia.
El futuro del caso depende de la apelación y el escrito de acusación; si la Fiscalía no actúa en 90 días, los exministros saldrán libres. Expertos judiciales prevén un juicio prolongado en la Corte Suprema, con posibles implicaciones para más funcionarios. Bonilla, doctor en Economía, y Velasco, con trayectoria política, enfrentan un proceso que podría durar años. La opinión pública exige transparencia, recordando que el monto involucrado equivale a recursos vitales para gestión de riesgos. Opositores usan el caso para cuestionar la integridad del Ejecutivo. El Gobierno mantiene que se trata de hechos aislados, no representativos de la administración.
Finalmente, este episodio resalta vulnerabilidades en el manejo de fondos públicos, con llamados a reformas en contratación estatal. Las imágenes divulgadas por el Inpec simbolizan el avance judicial, pero también generan debates éticos sobre exposición mediática. Bonilla y Velasco, clave en el Gobierno Petro, ven su legado empañado por acusaciones. La sociedad colombiana observa de cerca, exigiendo justicia imparcial. Futuras audiencias podrían revelar más detalles del “cónclave” y conexiones internacionales, como con González en Nicaragua. Analistas coinciden en que el caso podría redefinir la accountability en altos cargos.
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