El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención en centro carcelario de los exministros Bonilla y Velasco, quienes enfrentan posibles condenas de hasta 18 años por el escándalo de la UNGRD.
La justicia colombiana marcó un hito sin precedentes este viernes 19 de diciembre de 2025 al ordenar la captura de Ricardo Bonilla. La magistrada Aura Rosa Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, avaló las pruebas de la Fiscalía en el caso de la UNGRD. Bonilla se convierte así en el primer ministro de Hacienda en la historia del país en ser enviado a un centro carcelario. Junto a él, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco también fue cobijado con la medida de aseguramiento privativa de la libertad. La decisión revocó la posibilidad de detención domiciliaria debido a la gravedad de los presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Ambos exfuncionarios son señalados de participar en un entramado para direccionar contratos públicos a cambio de beneficios políticos en el Congreso.
El proceso judicial se fundamenta en tres delitos principales: concierto para delinquir agravado, interés indebido en contratos y cohecho por dar u ofrecer. Expertos penalistas como Fabio Humar señalan que, de ser hallados culpables, los implicados enfrentarían penas de entre 12 y 15 años. No obstante, por el concurso de delitos, la condena máxima individual por interés indebido podría alcanzar incluso los 18 años de prisión. La magistratura resaltó que los exministros habrían utilizado sus cargos para comprar voluntades parlamentarias y asegurar la aprobación de reformas gubernamentales. Ricardo Bonilla asistió presencialmente a la diligencia y manifestó su intención de ponerse a disposición de las autoridades de inmediato. La contundencia del material probatorio presentado por el ente acusador fue clave para que el Tribunal negara beneficios de casa por cárcel.
El presidente Gustavo Petro reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales, defendiendo la inocencia de quien fuera su mano derecha económica. El mandatario calificó a Bonilla como un “chivo expiatorio” y aseguró que el exministro ha sido víctima de extorsiones por parte de sectores corruptos. Petro enfatizó que su administración ha luchado por eliminar los cupos parlamentarios de contratación que históricamente han permeado el presupuesto nacional. Sin embargo, aclaró que no interferirá en la autonomía de la justicia, aunque su conciencia le dicte que los exfuncionarios no son culpables. Estas declaraciones generaron un fuerte debate político sobre la independencia de poderes en medio de la crisis de la UNGRD. La oposición, por su parte, pidió celeridad para identificar a los congresistas que habrían recibido los sobornos mencionados en el expediente.
Uno de los pilares que sostuvo la decisión de la magistrada Aura Rosa Baquero fue el testimonio de María Alejandra Benavides. La exasesora del Ministerio de Hacienda firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, convirtiéndose en la testigo estrella de la investigación. Según el documento de 18 páginas, Benavides entregó detalles sobre cómo Bonilla impartía órdenes directas para favorecer ilícitamente a ciertos parlamentarios. Estas instrucciones buscaban agilizar trámites en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de votos favorables para proyectos del Ejecutivo. El testimonio vincula directamente la gestión de las finanzas públicas con el presunto pago de prebendas a través de la Gestión del Riesgo. La defensa de los exministros intentó desestimar estas declaraciones, pero el Tribunal consideró que las evidencias físicas eran suficientes para la captura.
En el ámbito penal, el delito de concierto para delinquir agravado contempla penas que varían según la participación de servidores públicos en la red. Si el concierto está vinculado a delitos contra la administración pública, la sanción básica puede llegar hasta los 12 años de cárcel. A esto se suman las multas que podrían ascender a los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los responsables. Por su parte, el interés indebido en la celebración de contratos acarrea inhabilitación para ejercer cargos públicos por casi dos décadas. El cohecho, que implica dar u ofrecer dádivas a cambio de actos oficiales, suma otros nueve años potenciales a la dosificación penal final. Los abogados defensores argumentan que la ley no permite una suma aritmética simple, por lo que la dosificación técnica será compleja.
Finalmente, el mercado reaccionó con cautela ante la noticia judicial, con una TRM que cerró al alza situándose en los $ 3.874,71. El índice MSCI COLCAP mostró una leve variación positiva del 0,09%, mientras que materias primas como el café y el petróleo registraron bajas. Analistas sugieren que la estabilidad económica del país podría verse afectada si el escándalo de corrupción genera mayor incertidumbre institucional. La inminente captura de los exministros representa el entierro definitivo del sistema de garantías para algunos abogados, mientras que otros lo ven como justicia. La opinión pública permanece atenta a los traslados de Bonilla y Velasco a los centros de reclusión que asigne el INPEC. El caso de la UNGRD se consolida así como el proceso judicial más impactante del actual periodo presidencial en Colombia.
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