Alfredo Saade volvió a proponer la “repostulación” de Gustavo Petro para 2026, pese a la prohibición constitucional y al rechazo de miembros del propio Gobierno. La idea generó un pulso interno que deja al Ejecutivo manejando tensiones mientras impulsa su proyecto político a través del Pacto Histórico.
Alfredo Saade, jefe de Despacho presidencial, reiteró este lunes su apuesta por una reelección de Gustavo Petro en 2026, declaraciones que revivieron un debate cerrado jurídicamente desde 2015.
Desde la Casa de Nariño, Saade insistió en que la agenda de cambio “no puede interrumpirse”, por lo que considera necesario “repostular” al presidente para un segundo mandato consecutivo.
El pronunciamiento fue contestado de inmediato por Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, quien lo acusó de “lambonería” y advirtió que tal discurso distrae al gabinete de sus compromisos con la ciudadanía.
La Constitución Política prohíbe la reelección desde la reforma de 2015, por lo que cualquier cambio requeriría un referendo popular o la convocatoria de una Asamblea Constituyente, pasos que implican mayorías complejas y amplios consensos.
El propio presidente Petro ha reiterado que no busca prolongarse en el poder, sino consolidar su proyecto político; este fin de semana se presentaron los seis primeros precandidatos del Pacto Histórico para disputarle el relevo a la oposición en 2026.
En círculos legislativos, la propuesta fue calificada de inviable y distractora en un momento en que el Ejecutivo necesita cohesión para tramitar reformas sociales y afianzar la paz total.
Analistas señalan que la salida de Saade puede interpretarse como un globo de ensayo para medir la opinión pública, aunque advierten que erosiona la imagen de unidad y respeto institucional del Gobierno.
Sectores afines al presidente creen que el debate debería centrarse en garantizar la continuidad programática mediante la victoria de un candidato de la coalición, no en alterar las reglas del juego.
Mientras tanto, la oposición acusó al Ejecutivo de permitir voces que “atentan contra la democracia” y exigió que el mandatario desautorice expresamente a su alto funcionario.
En medio de la polémica, el Gobierno intenta recuperar la agenda legislativa y contener los efectos políticos de un discurso que, por ahora, no tiene vía jurídica ni respaldo suficiente dentro de la misma administración.
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