La Mesa de Concertación de Políticas Salariales se prepara para definir el ajuste del SMLMV bajo la premisa de recuperar el poder adquisitivo real. En un escenario donde el incremento se proyecte en un 9%, el total devengado por los trabajadores, incluyendo el auxilio de transporte, podría alcanzar los $1.760.350 mensuales.
El debate para fijar el salario mínimo de 2026 se centra en una ecuación que busca equilibrio entre la justicia social y la estabilidad macroeconómica. Legalmente, el ajuste no puede ser inferior a la suma de la inflación causada y la productividad total de los factores. Si se estima una inflación del 5.5% y una productividad del 1.0%, el piso legal de la negociación partiría del 6.5%. Sin embargo, las centrales obreras y el Gobierno apuntan a un incremento “extra” que dinamice el consumo interno de los hogares. Un ajuste del 9% permitiría una ganancia real de 3.5 puntos porcentuales por encima del costo de vida proyectado para el cierre de este año.
Bajo este esquema hipotético de un aumento del 9%, el salario básico pasaría de $1.430.000 a aproximadamente $1.558.700, representando un incremento directo de $128.700. Este excedente busca que el trabajador no solo cubra sus necesidades básicas de supervivencia, sino que tenga un margen adicional para el gasto en bienes y servicios. El auxilio de transporte, componente vital para quienes perciben hasta dos salarios mínimos, también sufriría un ajuste proporcional según la tradición de las mesas de concertación. Al aplicar el mismo porcentaje, este beneficio pasaría de $185.000 a $201.650 mensuales. Así, la remuneración total efectiva para millones de colombianos se situaría por encima de los 1.7 millones de pesos.
Las implicaciones de un aumento que supere ampliamente la inflación generan posturas encontradas entre los diversos actores económicos del país. Por un lado, los defensores del incremento real sostienen que el mayor flujo de dinero en los hogares reactiva la demanda y acelera el crecimiento económico. No obstante, los gremios y el Banco de la República advierten sobre los riesgos de la indexación, donde los precios de la economía se ajustan automáticamente al nuevo salario. Este fenómeno podría generar una nueva ola inflacionaria que termine por diluir rápidamente el beneficio obtenido por el trabajador. Además, para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los costos operativos podrían elevarse drásticamente.
El sector empresarial argumenta que un costo laboral muy elevado podría desincentivar la contratación formal en un mercado laboral que aún muestra signos de fragilidad. El traslado de estos costos operativos al consumidor final es la principal preocupación de los analistas, ya que podría afectar la competitividad del país. Por ello, la decisión final de la Mesa de Concertación dependerá de hallar un punto medio que no ponga en riesgo la estabilidad proyectada para el 2026. Es fundamental que el aumento sea sostenible para las empresas sin sacrificar la dignidad salarial que exigen los sindicatos. La meta es evitar que el incremento nominal se convierta en “dinero de bolsillo” que se desvanezca ante la inflación.
Históricamente, la inflación ha sido el componente de mayor peso en la negociación, pero la productividad es el factor que permite aumentos reales sin generar presiones inflacionarias. Cuando la productividad es positiva, se entiende que la economía fue más eficiente y, por ende, hay espacio para repartir esas ganancias entre los trabajadores. El reto para el cierre de 2025 es que el dato del DANE refleje esa eficiencia técnica que sustente las pretensiones de las centrales obreras. Sin un respaldo en la productividad, cualquier aumento por encima del IPC corre el riesgo de ser puramente inflacionario. El equilibrio técnico es lo que garantiza que el aumento se traduzca en una mejora real de la calidad de vida.
En conclusión, el panorama para el salario mínimo de 2026 se perfila como una de las discusiones económicas más importantes del año. El total proyectado de $1.760.350 entre salario y auxilio sería un hito en la recuperación de la capacidad de compra si se mantienen controlados los precios. La decisión final enviará una señal clara a los mercados sobre la política monetaria y la confianza del consumidor para el próximo periodo fiscal. El país queda a la espera de un consenso que proteja el empleo formal y brinde un alivio financiero a la clase trabajadora. La Mesa de Concertación tiene la responsabilidad de cerrar el año con un acuerdo que garantice un futuro económico estable.
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