El Ministro del Trabajo anunció acciones ante la Corte Suprema contra parlamentarios del Centro Democrático y otros sectores por presunto menoscabo de la integridad nacional, mientras la representante Lina Garrido desmiente las acusaciones y defiende su derecho a la opinión política.
El panorama político colombiano inicia el 2026 bajo una profunda tensión tras el anuncio del Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, de interponer denuncias penales contra varios congresistas de la oposición. La medida judicial surge como respuesta a publicaciones en redes sociales que, según el funcionario, incentivan una intervención militar extranjera en territorio nacional, afectando directamente la soberanía del país. Entre los señalados se encuentran el senador Jonathan Pulido Hernández y los representantes Miguel Polo Polo y Lina María Garrido, esta última vinculada al Centro Democrático. Sanguino enfatizó que defender el territorio colombiano es un deber ciudadano ineludible y que la libertad de expresión no puede amparar actos que califica como traición a la patria. La controversia ha escalado a los tribunales, poniendo en el centro del debate los límites legales del discurso político de los servidores públicos electos.
El sustento jurídico de la denuncia se basa en el Código Penal colombiano, específicamente en el Artículo 455, que tipifica el delito de menoscabo de la integridad nacional con penas de hasta 540 meses de prisión. El ministro argumenta que solicitar invasiones o promover hostilidades contra la propia nación encuadra en conductas que buscan someter al Estado al dominio extranjero o fraccionar la unidad nacional. Para el jefe de la cartera laboral, es especialmente grave que estos mensajes provengan de sujetos políticos que juraron defender la Constitución y el orden jurídico del país. Sanguino sostiene que estas declaraciones no son simples opiniones, sino conductas que amenazan la naturaleza soberana del Estado y que deben ser investigadas por la Corte Suprema. El debate jurídico ahora gira en torno a si las arengas digitales de los opositores constituyen actos materiales de hostilidad o simples críticas gubernamentales.
En respuesta a estos señalamientos, la representante Lina María Garrido emitió un comunicado público retractándose de cualquier interpretación que sugiera un llamado a la fuerza armada externa en Colombia. La congresista negó rotundamente haber solicitado una intervención militar y afirmó que sus mensajes en redes sociales fueron sacados de contexto o interpretados erróneamente en medio de la polarización. Garrido aclaró que, hasta el momento, no existe ninguna investigación formal, imputación ni decisión judicial en su contra que respalde las graves acusaciones vertidas por el ministro Sanguino. Su defensa se basa en que su postura se limitó a una crítica sobre la situación política en Venezuela y que estas no pueden ser criminalizadas. La parlamentaria rechazó el rótulo de «traición a la patria» y defendió su derecho constitucional a disentir sin temor a represalias de tipo penal.
Por otro lado, la senadora María José Pizarro se sumó a la controversia advirtiendo que, de ocurrir un atentado contra el presidente Gustavo Petro, la responsabilidad recaería sobre quienes realizan este «lobby de mentiras». Pizarro calificó las gestiones de ciertos sectores de la derecha como una afrenta a la soberanía nacional no vista desde la época de la independencia de Colombia. En su declaración, defendió la trayectoria del mandatario, señalando que ha dedicado su vida a denunciar las alianzas entre las mafias, el narcotráfico y el paramilitarismo. La congresista alertó sobre una deriva autoritaria global y criticó a quienes, según ella, actúan como «administradores serviles» de intereses coloniales que buscan desestabilizar la región. Esta postura refuerza la narrativa gubernamental de que existe un plan coordinado para socavar la institucionalidad mediante la presión internacional.
El conflicto ha reavivado el debate sobre el Artículo 455 del Código Penal, el cual sanciona a quien realice actos tendientes a afectar la integridad territorial o someterla al dominio extranjero. La norma establece consecuencias severas para quienes atenten contra el Estado soberano, lo que pone a los congresistas denunciados ante un escenario jurídico complejo si la Corte acepta la demanda. Los expertos constitucionalistas analizan si las publicaciones en redes sociales poseen la entidad suficiente para ser consideradas «actos tendientes a menoscabar» la integridad de la nación. Mientras tanto, la opinión pública se encuentra dividida entre quienes ven una defensa necesaria de la soberanía y quienes denuncian una persecución contra la oposición. El desenlace de esta denuncia ante la Corte Suprema de Justicia marcará un precedente sobre el ejercicio del control político y la responsabilidad legal de los congresistas.
Finalmente, el ambiente de confrontación entre el Ministerio del Trabajo y los parlamentarios de oposición refleja la profunda crisis de desconfianza que atraviesa el legislativo y el ejecutivo. La seguridad del esquema presidencial ha sido reforzada mientras el general (r) Pedro Sánchez supervisa las operaciones para mitigar cualquier amenaza derivada de este clima de hostilidad. Las próximas horas serán decisivas para conocer si otros sectores políticos se sumarán a la denuncia de Sanguino o si las retractaciones como la de Garrido logran bajar la tensión. El 2026 inicia así con una agenda marcada por la defensa del territorio, la seguridad nacional y un fuerte choque de trenes entre las ramas del poder. Colombia observa con cautela cómo los discursos en plataformas digitales se transforman en expedientes judiciales que podrían cambiar el futuro de varios líderes políticos del país.
