La recompensa fue anunciada tras un Consejo de Seguridad y un Comité de Orden Público. Las autoridades buscan identificar y ubicar a los responsables de intimidaciones o posibles atentados contra policías, militares, integrantes de la Fuerza Aeroespacial y funcionarios del INPEC.
La Administración Municipal de Ibagué anunció una recompensa de hasta $25 millones por información que permita identificar y ubicar a quienes estarían detrás de amenazas o posibles atentados contra integrantes de la Fuerza Pública. La decisión fue adoptada después de un Consejo de Seguridad y un Comité de Orden Público. Las autoridades buscan fortalecer las capacidades de prevención e investigación. También pretenden facilitar la judicialización de los responsables. La medida se adopta en medio del seguimiento a las condiciones de seguridad de la ciudad. El objetivo es evitar que las intimidaciones escalen a hechos violentos.
El anuncio contempla como principales destinatarios de la medida a integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares. También se incluye a miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. La Administración Municipal considera necesario reforzar las acciones de protección para quienes cumplen funciones relacionadas con la seguridad. Las autoridades buscan que la ciudadanía contribuya con información útil para las investigaciones. Los datos entregados permitirán orientar las labores de inteligencia. La recompensa estará condicionada a que la información contribuya efectivamente a identificar o ubicar a los responsables.
El secretario de Gobierno de Ibagué, Jhon Jairo Rojas, aseguró que la Administración Municipal mantendrá su respaldo a los servidores encargados de garantizar la seguridad ciudadana. El funcionario advirtió que no se permitirá que las amenazas contra integrantes de la Fuerza Pública queden en la impunidad. La estrategia contempla fortalecer los mecanismos de información y reacción institucional. Las autoridades esperan que la colaboración ciudadana permita anticiparse a posibles hechos de violencia. También se busca aportar elementos que conduzcan a procesos de judicialización. La información será manejada bajo criterios de reserva.
Una de las medidas anunciadas estará dirigida al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, COIBA. La Policía Metropolitana reforzará las acciones de seguridad alrededor del establecimiento y en los puntos considerados estratégicos. La decisión busca proteger tanto las instalaciones como al personal que desarrolla sus labores en el centro penitenciario. Las autoridades realizarán seguimiento a las condiciones de seguridad existentes. También se fortalecerán las medidas preventivas frente a posibles amenazas. El propósito es reducir los riesgos para los funcionarios que trabajan dentro y alrededor del complejo.
De manera paralela, la Unidad Nacional de Protección adelantará las medidas preventivas y de protección que correspondan para funcionarios del INPEC que puedan encontrarse en situación de riesgo. Estas acciones serán determinadas de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso. La evaluación permitirá establecer qué funcionarios requieren medidas adicionales de seguridad. Las autoridades mantendrán coordinación institucional para atender eventuales situaciones de amenaza. El proceso busca prevenir ataques contra servidores públicos. También permitirá fortalecer la respuesta frente a escenarios de riesgo identificados.
La Administración Municipal hizo énfasis en la importancia de la participación ciudadana para enfrentar este tipo de situaciones. Cualquier persona que tenga información relacionada con amenazas, intimidaciones o posibles atentados podrá entregarla a las autoridades. La línea 123 fue habilitada como uno de los canales para reportar estas situaciones. Las autoridades señalaron que se garantizará la reserva de la identidad de quienes suministren información. La recomendación es entregar datos concretos que puedan ser verificados por los investigadores. La ciudadanía también deberá evitar difundir públicamente información que pueda poner a alguien en riesgo.
La recompensa hace parte de las medidas adoptadas durante el Consejo de Seguridad y el Comité de Orden Público realizados en la capital tolimense. Las autoridades continuarán evaluando el panorama de seguridad para determinar si son necesarias nuevas acciones. El seguimiento incluirá las condiciones de protección de policías, militares y funcionarios penitenciarios. También se mantendrá coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la investigación. La estrategia pretende cerrar espacios a quienes busquen intimidar a los servidores públicos. La información ciudadana será considerada un elemento importante dentro de esta respuesta institucional.
Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró que la prioridad es proteger la vida de los integrantes de la Fuerza Pública y de los funcionarios que desarrollan labores esenciales para la ciudad. La recompensa de hasta $25 millones busca incentivar información que permita avanzar contra los responsables de las amenazas. Las autoridades pidieron utilizar los canales oficiales y actuar con responsabilidad. La línea 123 permanecerá como mecanismo para reportar situaciones que requieran atención. Los organismos de seguridad continuarán con las labores de prevención, inteligencia e investigación. Ibagué mantiene así reforzadas sus medidas frente a posibles riesgos contra sus servidores públicos.
