El congresista tolimense Miguel Ángel Barreto fue citado a indagatoria por presunta participación en red de contratos irregulares ligados al DPS. El escándalo salpica al poderoso clan Barreto y revive cuestionamientos sobre el uso político de recursos públicos en Tolima.
La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador conservador Miguel Ángel Barreto Castillo, electo por el departamento del Tolima, por su presunta participación en la red de corrupción conocida como “Las Marionetas II”. El caso lo involucra en el supuesto direccionamiento de millonarios contratos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
El magistrado Marco Antonio Rueda Soto, encargado del caso, citó al congresista a indagatoria como investigado por los delitos de cohecho propio y tráfico de influencias. Según la Fiscalía, varios contratos adjudicados en 2022, aunque firmados por terceros, habrían tenido como verdadero beneficiario al senador Barreto.
Este nuevo escándalo representa un duro golpe para el clan Barreto, una estructura política que ha dominado la política del Tolima durante décadas, colocando senadores, gobernadores y alcaldes en cargos clave. Las investigaciones no solo comprometen a Miguel Ángel Barreto, sino que alimentan las críticas sobre una maquinaria electoral basada en el manejo discrecional de recursos y cargos públicos.
En el trasfondo de este caso persiste una realidad preocupante: el departamento del Tolima continúa enfrentando profundos desafíos sociales y económicos, mientras sus élites políticas son reiteradamente vinculadas a actos de corrupción y clientelismo. Para muchos, la concentración del poder en pocas manos ha frenado el desarrollo regional.
El proceso contra Barreto hace parte de la segunda fase del escándalo nacional “Las Marionetas”, que ya ha implicado a varios congresistas y exfuncionarios. En su primera etapa, el caso dejó al descubierto una red liderada por el exsenador Mario Castaño, hoy procesado por liderar una organización criminal dedicada al direccionamiento de contratos estatales.
Ahora, la Corte Suprema busca establecer si Barreto utilizó su influencia política para interferir en la contratación pública del DPS en Tolima, valiéndose de intermediarios y presuntos testaferros para encubrir su participación. La indagatoria será clave para determinar el grado de su implicación y si existen otros actores involucrados.
Este nuevo capítulo deja en evidencia la fragilidad de los controles institucionales frente al uso político de la contratación estatal. También representa una prueba de fuego para el sistema judicial, que deberá demostrar su capacidad para sancionar a los poderosos y desmontar redes de corrupción que operan desde el corazón del Congreso.
La investigación contra Miguel Ángel Barreto plantea una pregunta que cada vez resuena con más fuerza en la opinión pública: ¿hasta cuándo seguirá el poder político blindando estructuras que instrumentalizan el Estado en beneficio propio?
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