La contratación de Luisa Robayo Ortiz, nuera de la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, ha desatado una ola de críticas y acusaciones de nepotismo y conflicto de interés. Robayo Ortiz, líder de la Unión Patriótica, ha asegurado varios contratos lucrativos en el Ministerio de Trabajo, lo que ha generado un intenso debate sobre la ética y transparencia en la administración pública.
Unas fotos recientes muestran a Robayo Ortiz junto a Diego Alejandro Restrepo Ramírez, hijo de la ministra Ramírez, en un centro comercial de Bogotá. Esta relación ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades en la contratación de Robayo Ortiz, en medio de una huelga de trabajadores del ministerio y la renuncia del viceministro Edwin Palma.
Robayo Ortiz, con experiencia como contratista en la Alcaldía y el Concejo de Ibagué, también ha sido activa en la Unión Patriótica y ha apoyado campañas políticas, incluida la del presidente Gustavo Petro y la representante tolimense Martha Alfonso.
En mayo de 2024, Robayo Ortiz firmó un contrato con la Alcaldía de Albania, La Guajira, para apoyar la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027, por 40 millones de pesos. Este contrato, a pesar de sus responsabilidades en Bogotá, levantó sospechas sobre su necesidad de estar en La Guajira.
Posteriormente, trabajó con el congresista David Racero, del Pacto Histórico, durante su presidencia en la Cámara de Representantes, con un salario mensual de 5 millones de pesos. Después, se le renovó el contrato por 33 millones de pesos con una duración de cinco meses.
El 17 de julio de 2023, Robayo Ortiz firmó un contrato con el Ministerio de Trabajo por cerca de 30 millones de pesos para prestar servicios profesionales al despacho de la ministra Ramírez, enfocándose en el trámite y monitoreo legislativo de iniciativas presentadas al Congreso. Este contrato implicaba un sueldo mensual cercano a los 6 millones de pesos.
Desde febrero de 2024, Robayo Ortiz suscribió un contrato de diez meses con el Ministerio de Trabajo para mejorar los procesos de archivo sindical, con un salario mensual de aproximadamente 6,3 millones de pesos. En abril de 2024, firmó otro contrato con el Ministerio de Ciencia, donde el hijo de la ministra Ramírez trabaja como jefe jurídico. Este contrato, por 66 millones de pesos, tenía una duración de seis meses y un sueldo mensual de 11 millones de pesos
Estas contrataciones han intensificado las críticas hacia la ministra Ramírez y su nuera, generando un debate sobre la transparencia y ética en la administración pública. Las denuncias subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos que eviten conflictos de interés y aseguren la imparcialidad en la contratación estatal, pues la idoneidad, el perfil profesional y la experiencia son puntos claves para premiar la meritocracia en estos escenarios de la contratación pública.
