El Tribunal Superior de Ibagué ha decidido suspender provisionalmente la medida luego de que Hurtado interpusiera una tutela argumentando presunta vulneración de su derecho al debido proceso. Esta decisión ha generado reacciones encontradas y arroja un nuevo matiz a la ya polémica situación.
El alcalde Hurtado, quien había completado menos de 24 horas bajo arresto domiciliario, se encontraba en esa situación debido a un desacato a un fallo de la Corte Constitucional que databa desde el año 2020. La Corte le había ordenado la construcción de un puente peatonal sobre la quebrada La Chumba, ubicada en el corregimiento de San Bernardo. La sanción incluía 15 días de arresto domiciliario y una multa equivalente a 15 salarios mínimos vigentes.
La medida de suspensión, emitida por el Tribunal Superior de Ibagué, establece que la suspensión es de carácter provisional y estará vigente hasta que se tome una decisión de fondo sobre las pretensiones planteadas por el alcalde en su tutela. Esta decisión legal ha abierto un período de incertidumbre en el que la ciudadanía y los expertos legales esperan conocer cuál será el desenlace final.
Las reacciones ante esta suspensión han sido variadas. Por un lado, hay quienes critican al alcalde por lo que consideran un intento de evadir su responsabilidad legal utilizando recursos judiciales. El abogado Joaquín Torres ha sido especialmente vocal en este sentido, afirmando que el alcalde debe priorizar su deber para con la ciudadanía y cumplir con las órdenes judiciales.
Por otro lado, existen voces que respaldan la decisión del Tribunal, argumentando que se debe respetar el debido proceso y garantizar los derechos de cualquier individuo, independientemente de su posición pública. A medida que el Tribunal Superior de Ibagué se adentra en un período de análisis y reflexión, la ciudadanía se encuentra a la espera de una resolución definitiva que determine si la suspensión se mantendrá o si el alcalde deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Este nuevo capítulo en la saga legal del alcalde Hurtado agrega un elemento intrigante a la ya compleja situación. El Tribunal tiene la tarea de tomar una decisión que equilibre el respeto al debido proceso con la responsabilidad y la rendición de cuentas que conlleva ocupar un cargo público. Mientras tanto, Ibagué y sus ciudadanos continúan observando de cerca, a la espera de respuestas claras en medio de la incertidumbre legal.
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