El gremio de taxistas en Ibagué ha decidido no sumarse al paro nacional convocado para el miércoles 9 de agosto en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga. Esta decisión se debe en gran parte a las recientes manifestaciones y paro de busetas que afectaron la ciudad durante 12 días, causando problemas económicos significativos. Los taxistas consideran que, aunque reconocen la lucha de otros sectores, no es el momento adecuado para realizar un paro en Ibagué.
Javier Gualtero, líder de los taxistas en Ibagué, explicó que su principal preocupación es la competencia ilegal en el sector del transporte. Más allá del aumento mensual en el precio de la gasolina, los taxistas se enfrentan a un desafío mayor debido a la proliferación de servicios de transporte ilegal.
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“Lo que realmente nos tiene al borde de la quiebra es la ilegalidad, más que el alza de la gasolina. Tenemos claro que quieren ajustar la gasolina para tener precios internacionales, pero para nosotros es más urgente y claro que debe haber una competencia legal”, afirmó Gualtero.
En lugar de sumarse al paro, los taxistas de Ibagué están enfocados en la búsqueda de soluciones a través de mesas de trabajo con diferentes entidades en la ciudad. Planean llevar a cabo una reunión el próximo lunes 14 de agosto en la Personería Municipal, donde se discutirán temas relacionados con la ilegalidad en el transporte, así como los procesos en curso para abordar esta problemática.
Se espera la participación de la Secretaría de Movilidad, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría y representantes de la Administración Municipal en esta reunión. El objetivo es abordar y resolver las inquietudes en torno a la aplicación de la ley 333, específicamente en su artículo 49, que trata sobre la cancelación y suspensión de las licencias de tránsito para aquellos que realizan transporte público en vehículos particulares, como Uber u otros servicios piratas.
A pesar de la decisión de no unirse al paro nacional, los taxistas de Ibagué continúan presionando por una competencia justa y legal en el sector del transporte, con el fin de proteger su sustento y garantizar un servicio de calidad para la comunidad.