La administración departamental, liderada por Adriana Magali Matiz, presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo del Tolima para anular la decisión de la Superintendencia de Salud que extendió por un año la intervención forzosa al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar.
La Gobernación del Tolima interpuso una demanda contra la Superintendencia Nacional de Salud ante el Tribunal Administrativo del Tolima, tras considerar irregular la decisión que prorrogó por un año la intervención forzosa al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, del municipio del Líbano. La acción judicial fue presentada por la mandataria departamental, Adriana Magali Matiz Vargas, quien ha cuestionado la medida desde finales de 2024.
Según el recurso interpuesto, la Supersalud vulneró el derecho al debido proceso al rechazar, por presunta extemporaneidad, el recurso de reposición presentado por la Gobernación en noviembre de 2024. La entidad nacional argumentó que el término legal debía contarse desde la notificación a la agente interventora y no desde la comunicación al ente territorial, que también forma parte del proceso.
Ante esta situación, el apoderado del Departamento interpuso una acción de tutela que fue fallada a su favor por el Tribunal Superior de Ibagué. En su decisión, el alto tribunal ordenó a la Superintendencia emitir un nuevo acto administrativo, considerando que la Gobernación tenía derecho a presentar su recurso dentro de los términos legales.
En cumplimiento de esa orden judicial, la Supersalud expidió en marzo de 2025 una nueva resolución que, sin embargo, ratificó la prórroga de la medida de intervención por un año más, lo que motivó la nueva acción legal presentada por la administración departamental.
La Gobernación del Tolima sostiene que la extensión de la medida carece de fundamento técnico y jurídico, pues los informes de seguimiento de la propia Superintendencia demostraban que el hospital había superado las deficiencias financieras, administrativas y asistenciales detectadas durante la intervención iniciada en 2023.
“La medida ya no tiene justificación. El hospital ha mostrado avances significativos en su gestión y recuperación. Insistir en la intervención atenta contra la autonomía y la capacidad administrativa del Departamento”, señalaron fuentes jurídicas de la Gobernación.
El caso ahora se encuentra en manos del Tribunal Administrativo del Tolima, que admitió la demanda y deberá decidir si anula o no las resoluciones expedidas por la Superintendencia. La decisión podría sentar un precedente sobre la relación entre los entes territoriales y los órganos de control en materia de intervención hospitalaria.
Mientras tanto, la administración de Adriana Magali Matiz reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la red pública hospitalaria del Tolima y su defensa de la gestión local en salud. “Seguiremos velando por la autonomía institucional y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud para los tolimenses”, expresó la mandataria.
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