Conductores y propietarios del transporte público de la llamada “ola naranja” continúan una protesta pacífica frente al Palacio Municipal de Ibagué. Reclaman diálogo directo con la alcaldesa Johana Aranda y denuncian presuntos intereses privados en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).
La protesta de los transportadores en Ibagué sigue firme. Desde hace varios días, decenas de conductores y propietarios de buses adscritos al sistema tradicional mantienen un plantón frente a la Alcaldía Municipal, exigiendo a la mandataria local, Johana Aranda, que cumpla los compromisos adquiridos y convoque una mesa de concertación real sobre el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).
Los manifestantes aseguran que no buscan alterar el orden público, sino visibilizar lo que consideran un trato injusto hacia el gremio transportador. En los carteles ubicados sobre los buses estacionados frente al Palacio Municipal se leen mensajes como “No más largas”, “Johana Aranda no cumple” y “Las empresas y la alcaldesa están expropiando a los transportistas propietarios”.
Según los líderes de la protesta, el problema radica en la falta de diálogo transparente y en la centralización de los recursos del SETP, que, de acuerdo con sus denuncias, ha destinado más de 3 mil millones de pesos en contratos y burocracia, sin que se vean avances significativos en la modernización del transporte público en la ciudad.
En respuesta, los conductores han redactado un acta de acuerdo en la que plantean ocho puntos principales, entre ellos el pago garantizado a las 976 unidades de transporte que ya cumplieron su vida útil, la exoneración de sanciones administrativas por participar en las manifestaciones, y la posibilidad de que los propietarios creen su propia operadora integrada.
El documento también exige condiciones laborales dignas para los conductores, una tabla de indemnizaciones justas, capacitación sobre el SETP para transportadores y usuarios, y campañas mensuales de promoción del transporte público como servicio esencial para la ciudadanía ibaguereña.
Mientras tanto, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) del Tolima emitió un comunicado público expresando su respaldo a la jornada pacífica. La organización hizo un llamado a la administración municipal a retomar el diálogo con los transportadores y a buscar soluciones que eviten la radicalización del conflicto.
“El incumplimiento de compromisos y los reiterados fallos en los intentos de concertación con la alcaldía han llevado a esta situación”, señala el CPDH, que además pidió a la Defensoría del Pueblo y a la Personería de Ibagué acompañar la protesta y garantizar los derechos de los manifestantes.
En la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025, los transportadores desarrollaron actividades comunitarias frente al Palacio Municipal, reafirmando su carácter pacífico y su disposición a dialogar. En el lugar se han llevado a cabo mingas, espacios de conversación y acciones simbólicas en defensa del trabajo digno.
Pese a los llamados de diferentes sectores sociales y académicos, aún no se ha concretado una reunión formal entre la alcaldesa Johana Aranda y los líderes de la movilización. Los manifestantes insisten en que seguirán en pie hasta lograr acuerdos reales que dignifiquen su labor y garanticen la sostenibilidad del transporte público en Ibagué.
El plantón, que ya completa varios días, se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a lo que los conductores denominan la “mala implementación del SETP”. Con carteles, discursos y solidaridad entre colegas, la protesta se mantiene en calma, pero con firmeza, mientras la ciudad observa cómo el conflicto entre los transportadores y la administración local sigue sin resolverse.