El alto tribunal confirmó que las interceptaciones telefónicas realizadas hace seis años podrán ser usadas como prueba en el proceso contra el expresidente. La defensa alega que fueron obtenidas de manera irregular, pero la justicia determinó que son válidas.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un panorama judicial cada vez más complejo. El Tribunal de Bogotá ratificó que las interceptaciones telefónicas realizadas hace seis años podrán ser utilizadas como material probatorio en su contra, lo que podría llevarlo a enfrentar un juicio con serias consecuencias legales.
El fallo se produjo durante una audiencia virtual presidida por el magistrado Manuel Antonio Merchán, quien determinó que no era viable revisar las decisiones de la Sala de Instrucción. Esta decisión refuerza la posibilidad de que el exmandatario deba responder ante la justicia con pruebas que su defensa ha intentado descartar.
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Según el abogado de Uribe, Jaime Granados, dichas interceptaciones fueron obtenidas de manera irregular, ya que la orden judicial original estaba dirigida al excongresista Nilton Córdoba, investigado por corrupción. Sin embargo, el alto tribunal ha sostenido que la escucha al exmandatario se produjo por un “error” en la línea telefónica, que se extendió por un mes.
A pesar de los intentos de la defensa por anular las pruebas, el magistrado Merchán fue categórico: “Lo que dicta la norma es que una prueba no puede ser excluida si no se vulneró el debido proceso”. Además, subrayó que las partes involucradas tendrán la oportunidad de confrontar y contradecir las pruebas durante el juicio.
La validez de estas interceptaciones podría ser un punto clave en el proceso contra Uribe, quien ha sostenido que es víctima de una persecución política. No obstante, con esta decisión, la justicia colombiana refuerza la postura de que las pruebas obtenidas, aunque de manera accidental, pueden ser utilizadas en su contra.
El caso ha generado un intenso debate en el país, pues involucra a una de las figuras políticas más influyentes de las últimas décadas. Mientras sus seguidores insisten en su inocencia y cuestionan la legitimidad del proceso, sus opositores ven en este avance judicial una oportunidad para que se haga justicia.
La decisión del Tribunal de Bogotá se suma a una serie de reveses legales que ha enfrentado Uribe desde que la Corte Suprema de Justicia lo vinculó formalmente a una investigación por presunta manipulación de testigos. Ahora, con la ratificación de las interceptaciones como prueba, el expresidente enfrenta un escenario judicial cada vez más adverso.
El juicio sigue su curso y la expectativa en torno a su desenlace es alta. La defensa de Uribe prepara nuevas estrategias legales para intentar frenar el avance del proceso, mientras la Fiscalía y las víctimas del caso insisten en que el proceso debe continuar sin dilaciones.
La próxima fase del caso será determinante para definir el futuro judicial de Uribe, quien, por primera vez en su carrera política, ve más cerca la posibilidad de una condena que podría llevarlo a prisión.
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