El Tribunal Superior de Bogotá ha remitido varios documentos clave del expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión responde a un supuesto impedimento de sus magistrados para resolver un asunto de fondo en el caso, el cual se inició en 2016 y que involucra acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos.
La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentó una queja formal contra la juez Sandra Liliana Heredia. Granados solicitó la anulación de todas las actuaciones en el expediente, alegando violaciones al debido proceso. Esta solicitud de nulidad fue planteada antes de que la juez Heredia formulara la acusación formal contra Uribe y permitiera las audiencias preparatorias del juicio.
Granados argumentó que la juez desestimó la nulidad en solo 57 minutos durante una audiencia. En esa sesión, la juez Heredia declaró que las pretensiones de la defensa eran “ostensiblemente infundadas” y debían ser rechazadas para asegurar la celeridad del proceso judicial. La Procuraduría respaldó la posición de la defensa de Uribe, afirmando que el recurso de queja era procedente y respetaba las garantías fundamentales de todas las partes involucradas.
La sala del Tribunal Superior que recibió la queja se declaró impedida para resolverla, alegando que ya había tomado decisiones en una solicitud de preclusión relacionada con el mismo caso. Sin embargo, la semana pasada, este impedimento fue desestimado. La Sala Penal del tribunal determinó que las razones del impedimento no estaban suficientemente sustentadas y que los recursos de queja y apelación deben ser tratados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por lo tanto, el expediente ha sido remitido a la Corte Suprema, que deberá decidir quién resolverá la queja contra la juez Heredia. Es importante destacar que esto no afecta los plazos ni las audiencias preparatorias del juicio contra Uribe, que actualmente están en la fase de descubrimiento de pruebas, bajo la supervisión de la fiscal Marlene Orjuela, quien reemplazó al fiscal anterior debido a su jubilación.
La resolución de la Corte Suprema será crucial para el avance del juicio contra el líder natural del Centro Democrático. La decisión podría influir significativamente en el desarrollo del caso, que ha captado la atención nacional e internacional debido a la prominencia del acusado y la gravedad de las acusaciones. En medio de este proceso, la opinión pública y los seguidores del expresidente Uribe esperan con atención las decisiones judiciales, mientras que sus opositores insisten en la importancia de una justicia imparcial y efectiva.
