Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, es requerido por la justicia colombiana por delitos de lavado de activos y contrabando. El Tribunal de Apelación de Oporto rechazó su argumento de persecución política y dio luz verde a su extradición.
El Tribunal de Apelación de Oporto, en Portugal, aprobó la extradición de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, quien es requerido por la justicia colombiana por delitos relacionados con lavado de activos y contrabando. Marín, considerado uno de los mayores contrabandistas del país, había alegado que su vida corría peligro en Colombia debido a una supuesta persecución política, argumento que fue desestimado por la justicia portuguesa.
Las autoridades colombianas acusan a Marín de liderar una red de contrabando que habría movido grandes sumas de dinero de forma ilegal, afectando la economía del país. Su captura en Portugal fue resultado de una operación internacional de cooperación entre organismos de seguridad, lo que permitió su detención en territorio europeo.
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El caso de Marín tomó relevancia en Colombia tras la denuncia del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el contrabandista intentó infiltrarse en su campaña presidencial en 2022. Según Petro, Marín habría ofrecido una donación de 500 millones de pesos, lo que generó una crisis interna en su gobierno.
Las tensiones dentro del Ejecutivo aumentaron cuando Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cercano colaborador de Petro, señaló a Armando Benedetti, entonces ministro del Interior, y a Xavier Vendrell, empresario catalán vinculado al presidente, como partícipes de la supuesta operación para canalizar los fondos de Marín a la campaña.
El fallo del tribunal portugués es un paso clave para que Marín enfrente la justicia colombiana. Sin embargo, su defensa aún podría presentar recursos legales para retrasar el proceso de extradición, una estrategia común en este tipo de casos.
El gobierno colombiano ha reiterado su compromiso en la lucha contra el contrabando y el lavado de activos, subrayando la importancia de llevar a Marín ante la justicia. Además, se espera que la Fiscalía General de la Nación continúe con las investigaciones para esclarecer los presuntos vínculos entre el contrabandista y actores políticos.
Mientras avanza el trámite de extradición, las autoridades en Colombia y Portugal permanecen en coordinación para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a las normativas internacionales. El caso sigue generando impacto en la opinión pública y podría tener repercusiones en el ámbito político nacional.
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