La Alcaldía de Ibagué y la Policía deberán desalojar el asentamiento Villa Resistencia y transformar el predio en un espacio recreativo. El Tribunal del Tolima responsabilizó a las entidades por omisiones que vulneraron derechos colectivos.
El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó el desalojo inmediato del asentamiento ilegal conocido como Villa Resistencia, ubicado entre las manzanas 77 y 83 de la Ciudadela Simón Bolívar Tercera Etapa en Ibagué. La decisión incluye la obligación de convertir el terreno recuperado en un parque público recreativo. La sentencia, proferida el 19 de junio por el magistrado John Libardo Andrade Flórez, responde a una acción popular interpuesta por vecinos del sector.
La comunidad denunció afectaciones graves en materia de seguridad, salud pública, medio ambiente y deterioro del espacio público desde la conformación del asentamiento en 2021, tras el estallido social. Entre las problemáticas señaladas están el incremento de robos, el tráfico de estupefacientes, conexiones ilegales y la tala de árboles en zonas verdes del sector.
El Tribunal evidenció omisiones por parte del Municipio y la Policía Metropolitana de Ibagué, que permitieron el crecimiento progresivo del asentamiento pese a una resolución previa –la 1500-00224 de agosto de 2022– que ya ordenaba su desalojo. En palabras del fallo, “el esfuerzo del Municipio ha sido casi nulo, permitiendo incluso la construcción indiscriminada de más unidades de vivienda”.
La sentencia estableció un cronograma para el cumplimiento de la medida. En dos meses, la Alcaldía debe actualizar el censo de ocupantes e iniciar el proceso de articulación para garantizar el acceso a subsidios de vivienda. Luego, en un plazo máximo de seis meses, debe realizarse el desalojo con acompañamiento policial y cerramiento del lote.
Asimismo, el Municipio deberá presentar un proyecto para la construcción de un espacio público recreativo en el predio, incluyendo diseño, cronograma de ejecución y presupuesto. Este deberá beneficiar a la comunidad de la Ciudadela Simón Bolívar y sus alrededores.
El Tribunal enfatizó que todo el procedimiento deberá respetar los derechos humanos de las familias asentadas, incluyendo notificación previa, asistencia jurídica, presencia de instituciones garantes y oferta de soluciones habitacionales. La medida busca evitar la revictimización de las personas en condición de vulnerabilidad.
La Alcaldía de Ibagué alegó haber actuado de buena fe, señalando avances como la caracterización de 946 personas. No obstante, el fallo concluyó que las acciones fueron “insuficientes, dilatadas y sin impacto real”. La Policía, por su parte, aseguró haber realizado operativos, pero recalcó que la principal responsabilidad recae en el Municipio.
Habitantes de sectores vecinos insisten en que la situación continúa generando inseguridad y deterioro. El magistrado Andrade advirtió que “la acción policial se ha limitado a hacer presencia como en los demás sectores de la ciudad, sin tener en cuenta las particularidades del fenómeno”, y exigió medidas estructurales diferenciadas para mitigar la problemática social de fondo.
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