El Tribunal Superior de Medellín dejó sin efecto la orden de arresto emitida por un juzgado laboral contra el ministro de Educación, Daniel Rojas, tras determinar que la entidad sí respondió de manera oportuna y completa una solicitud de información presentada por la Gobernación de Antioquia, en medio de un litigio por el pago de cesantías de maestros.
El diario El Colombiano informó que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín había ordenado el arresto y la imposición de una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes contra el ministro de Educación, Daniel Rojas. La medida se sustentaba en la supuesta omisión de la cartera educativa al no entregar información completa solicitada por la Gobernación de Antioquia dentro de un proceso jurídico.
Sin embargo, pocas horas después, el Ministerio de Educación aclaró mediante un comunicado oficial que dicha orden fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín. Según el pronunciamiento, la segunda instancia declaró improcedente la tutela interpuesta por la Gobernación, al comprobar que la entidad nacional sí había respondido de manera oportuna, completa y de fondo al derecho de petición radicado por el ente territorial.
La controversia tiene su origen en una mora en los pagos de cesantías a docentes del departamento, que asciende a cerca de 3.800 millones de pesos. Aunque la Nación ha asumido históricamente este gasto, en este caso el Ministerio alegó que la obligación correspondía a la Gobernación de Antioquia, encabezada por el mandatario Andrés Julián Rendón.
El desacuerdo llevó al gobierno departamental a solicitar información detallada que sustentara la posición del Ministerio de Educación. Al considerar que la respuesta fue incompleta, la Gobernación interpuso una acción de tutela, la cual fue resuelta inicialmente a su favor por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito.
No obstante, el Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión, al concluir que el Ministerio sí cumplió con los tiempos y los requisitos exigidos por la ley. En su fallo, la corporación advirtió que no se configuraba vulneración alguna al derecho de petición, por lo que el auto judicial que ordenaba el arresto quedó sin efectos jurídicos.
“El auto que circuló en medios no está ejecutoriado. Esa información corresponde a una interpretación errónea de lo ocurrido en primera instancia”, aclaró el Ministerio de Educación, que aseguró haber actuado conforme a derecho en todas las etapas del proceso.
El fallo del Tribunal pone fin, por ahora, al episodio que generó confusión y críticas en redes sociales, donde algunos sectores interpretaron la orden de arresto como un acto de desobediencia del ministro frente a la justicia.
Desde el Ministerio reiteraron su compromiso con la transparencia institucional y el respeto a las decisiones judiciales, al tiempo que señalaron que continuarán trabajando con las entidades territoriales para resolver los pendientes administrativos y financieros relacionados con el magisterio.
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