El presidente Donald Trump asumió su cargo y, en sus primeras horas, firmó un conjunto de órdenes ejecutivas que endurecen drásticamente las políticas migratorias en Estados Unidos. Entre estas medidas destacan la declaración de emergencia nacional para reforzar la seguridad fronteriza y un intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de no ciudadanos, lo que marca un giro significativo en la política migratoria estadounidense.
Trump justificó estas acciones como parte de una “restauración completa de Estados Unidos” y prometió frenar la entrada ilegal al país. Desde la Rotonda del Capitolio, aseguró que “millones de extranjeros criminales” serían deportados, cumpliendo con las promesas realizadas durante su campaña electoral.
Una de las primeras medidas fue el cierre del programa CBP One, que permitía a migrantes gestionar su entrada legal al país. Este abrupto cambio dejó a más de 30.000 personas en el limbo, generando incertidumbre y frustración en los puntos fronterizos, como en Tijuana, México, donde familias migrantes perdieron sus citas programas.
Además, Trump bloqueó el acceso al asilo y reforzó el argumento de que los cruces ilegales representan un problema de seguridad nacional y salud pública. A través de una orden, declaró la emergencia nacional en la frontera con México, permitiendo destinar recursos federales para la construcción del muro fronterizo y asignando al ejército un papel activo en la vigilancia de las fronteras, lo que podría enfrentar desafíos legales bajo la Ley Posse Comitatus.
Una de las medidas más polémicas fue la orden para eliminar la ciudadanía por nacimiento, garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda inmediata contra esta acción, calificándola como un ataque a derechos fundamentales con 157 años de vigencia.
Las organizaciones proinmigración han expresado su preocupación por las implicaciones humanitarias y legales de estas decisiones. Vanessa Cárdenas, de America’s Voice, advirtió que las políticas buscan remodelar el futuro del país, afectando no solo a los migrantes, sino también los principios constitucionales.
Trump también anunció el restablecimiento de la política “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos. Sin embargo, el gobierno mexicano expresó su rechazo y señaló que no está obligado a colaborar con esta iniciativa.
Estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia contra la migración, que incluye la suspensión del reasentamiento de refugiados y la designación de cárteles de drogas como organizaciones terroristas. Aunque las medidas han reducido los cruces en meses recientes, los expertos señalan que las tensiones legales y diplomáticas podrían complicar su implementación.
El enfoque de Trump hacia la inmigración ha generado reacciones encontradas. Mientras sus seguidores celebran el cumplimiento de sus promesas, defensores de derechos humanos y líderes internacionales advierten sobre las consecuencias sociales y políticas de esta agenda.
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