Un giro inesperado en la política migratoria de Estados Unidos ha generado preocupación entre más de 600.000 venezolanos que residían bajo la protección del Estatuto de Protección Temporal (TPS). Según reportes de The New York Times, el gobierno de Donald Trump ha revocado la prórroga de 18 meses que el expresidente Joe Biden había concedido a estos migrantes, dejándolos nuevamente expuestos a la deportación.
La decisión, aún no anunciada oficialmente, fue tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y elimina la extensión del TPS que había sido aprobada el pasado 10 de enero. Esta prórroga protegía a los venezolanos hasta octubre de 2026, pero ahora su futuro se encuentra en un limbo legal y humano.
El TPS es un programa migratorio que permite a ciudadanos de países en crisis permanecer y trabajar en EE. UU. mientras las condiciones en sus naciones de origen no sean seguras para su retorno. En el caso de Venezuela, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había justificado la extensión debido a la “grave emergencia humanitaria” bajo el régimen de Nicolás Maduro, argumentando que la situación política y económica seguía siendo insostenible.
Sin embargo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, su administración ha adoptado una postura más estricta hacia la inmigración, independientemente de la nacionalidad. Aunque el gobierno reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, su prioridad es frenar la inmigración irregular, lo que ha puesto en la mira a los beneficiarios del TPS.
La medida no solo pone en riesgo la deportación de miles de venezolanos, sino que también les quita la posibilidad de obtener o renovar permisos de trabajo, afectando directamente su estabilidad económica y la de sus familias. Muchos de ellos han construido vidas en EE. UU., contribuyendo activamente a la economía y a sus comunidades.
Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar protecciones similares para migrantes de Haití, El Salvador y Sudán, aunque algunas de sus acciones fueron bloqueadas por los tribunales. Ahora, con un Congreso más alineado con su visión antiinmigrante, su administración podría avanzar con menos obstáculos legales y políticos.
Se espera que la revocación del TPS genere una fuerte reacción tanto dentro como fuera del país. Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos ya han manifestado su rechazo a la medida, argumentando que pone en peligro a miles de personas que huyeron de una de las peores crisis humanitarias del mundo.
Mientras tanto, los venezolanos en EE. UU. enfrentan una profunda incertidumbre sobre su futuro. Algunos temen regresar a un país devastado por la pobreza y la represión, mientras otros buscan alternativas legales para permanecer en territorio estadounidense. La medida marca un nuevo capítulo en la política migratoria del país y podría desencadenar protestas y desafíos legales en los próximos meses.
-CONVIERTETE EN AGENTE FIFA-
TRANSFORMA TU VIEJO TV EN SMART
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
