El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá admitió una tutela presentada por el abogado tolimense Brayan Enciso Quintero, quien señala que las declaraciones del presidente Gustavo Petro vulneran su buen nombre, honra, igualdad y dignidad al usar el nombre “Brayan” en un discurso como sinónimo de comportamientos negativos.
Un ciudadano llamado John Brayan Enciso Quintero instauró una acción de tutela contra el presidente de la República, Gustavo Petro, tras las declaraciones realizadas durante un Consejo de Ministros en las que el mandatario asoció el nombre “Brayan” con hombres irresponsables que abandonan mujeres embarazadas. El demandante alega que estas expresiones lo afectan personalmente pues lleva ese nombre.
El documento legal ya fue admitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, que considera que la tutela cumple los requisitos para su trámite. En la admisión se vinculó también a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, para que se pronuncien al respecto.
Enciso solicita que el presidente rectifique públicamente sus palabras. Señala que la generalización de “los Brayan” como aquellos que “se llevan mujeres, las embarazan y las abandonan” está estigmatizando a todas las personas que llevan ese nombre, lo que vulnera derechos fundamentales como la dignidad, el buen nombre, la honra y la igualdad.
En el Consejo de Ministros, según los registros, Petro dijo textualmente: “Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayan’s… En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres a quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas… Los Brayan’s son hombres vampiros… codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías.” Estas frases han sido ampliamente difundidas en medios y redes sociales.
Enciso sostiene que esas declaraciones no solo saltan el límite del humor político, sino que constituyen una forma de discriminación porque asocian un nombre propio con conductas negativas. Además, argumenta que ese uso generalizado pone en riesgo su reputación personal y profesional, ante quienes puedan creer que lo que dice el presidente aplica para todos los llamados “Brayan”.
El auto que admite la tutela obliga a las entidades vinculadas a responder en un plazo judicial legal. En particular, la presidencia debe explicar el contexto en el que se hicieron las declaraciones y si contempla ofrecer una retractación pública para quienes se sienten ofendidos. La Defensoría del Pueblo también fue informada para velar por los derechos fundamentales del demandante.
Unos 165.000 ciudadanos en Colombia tienen registrado el nombre “Brayan”, cifra que circula en medios al indicar la dimensión del posible grupo afectado. Esto incrementa la repercusión social del caso y plantea una discusión sobre cómo lenguaje presidencial puede afectar a colectivos mayores incluso si no se refería a todos.
La admisión de la tutela ha generado un debate más amplio sobre la responsabilidad de los discursos públicos, la libertad de expresión y los límites del estereotipo. Algunos sectores opinan que Petro debería reflexionar sobre cómo sus palabras pueden generar daño simbólico y social, mientras otros defienden que el mandatario estaba expresando una crítica social. El juzgado tiene ahora la tarea de decidir si se ordena una rectificación o medidas para reparar el daño alegado.





