El aumento de seguridad sería justificando antes los últimos hechos donde Sandra Heredia halló responsable al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos que le imputó la Fiscalía. Frente a esta situación el Gustavo Petro hizo un llamado a que se garantice la seguridad de la funcionaria judicial y rechazó la indebidas presiones.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó este 28 de julio que se encuentra evaluando una nueva solicitud de protección presentada por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, quien dictó sentido de fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
De acuerdo con el comunicado oficial, la jueza Heredia ya contaba con un esquema de seguridad desde el 11 de febrero de 2025, fecha en la que solicitó por primera vez medidas de protección ante amenazas relacionadas con su rol en el proceso. La UNP realizó entonces una valoración de riesgo que justificó el otorgamiento de seguridad personal.
Sin embargo, luego de que se emitiera el fallo condenatorio, la funcionaria judicial volvió a solicitar la revisión de su protección. Actualmente, la UNP y la Dirección de Protección de la Policía Nacional están analizando lo que califican como “hechos sobrevinientes”, que podrían implicar mayores riesgos para su integridad y la de su entorno familiar.
Este nuevo análisis podría derivar en un refuerzo del esquema de seguridad ya asignado, en un contexto marcado por la polarización política y la atención mediática que ha despertado el caso. La jueza ha sido blanco de comentarios en redes sociales, y sectores afines al expresidente han cuestionado abiertamente su actuación judicial.
El presidente Gustavo Petro se pronunció de manera contundente sobre el caso, afirmando que “en un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”. Durante la audiencia de más de ocho horas en la que se leyó el sentido del fallo, el mandatario solicitó públicamente que se garantice la seguridad de la jueza y su familia.
Petro también criticó el comportamiento de ciertos medios de comunicación y líderes de opinión, a quienes acusó de intentar influir políticamente sobre una decisión judicial. “Presionar a la juez como lo hacen las mafias es romper con los principios democráticos”, advirtió, insistiendo en que se respete la independencia de la justicia.
El mandatario reiteró que este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, religiosas ni de género, y que una justicia independiente es la única vía para dejar atrás la violencia estructural que ha golpeado a Colombia durante décadas. “Permitan que la justicia actúe. No la amenacen, no la silencien”, subrayó.
La decisión definitiva sobre el refuerzo de seguridad de la jueza Heredia Aranda se tomará una vez finalicen los estudios técnicos en curso. Mientras tanto, el caso Uribe continúa generando repercusiones jurídicas y políticas en todo el país, reabriendo el debate sobre la protección de la rama judicial frente a las presiones externas.
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