Lo que fue presentado como una obra clave para transformar la movilidad del sur del Tolima terminó convertido en un caso de presunta corrupción. Un informe de la Contraloría General reveló un detrimento patrimonial de $13.442 millones en el contrato de mejoramiento de la vía Chaparral–San Antonio, adjudicado en 2019, con obras inconclusas, sobrecostos y pagos injustificados que mantienen en abandono a más de 60.000 habitantes.
Lo que alguna vez se anunció como un proyecto estratégico para dinamizar el desarrollo del sur del Tolima, hoy se encuentra en el centro de la polémica. La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en el contrato de mejoramiento de la vía Chaparral–San Antonio, evidenciando que, tras millonarias inversiones, la carretera continúa deteriorada y sin cumplir los objetivos prometidos.
El contrato fue adjudicado en marzo de 2019 por la Gobernación del Tolima al Consorcio Infraestructura Vial 2019, con un presupuesto inicial de $21.221 millones y un plazo de ejecución de diez meses. Sin embargo, la obra se prolongó hasta 543 días, con seis prórrogas y adiciones que incrementaron su valor en casi un 48%. Pese a estas modificaciones, la comunidad sigue esperando la recuperación de los 6 kilómetros proyectados.
El informe de la Contraloría es categórico: se registraron pagos por $4.545 millones en material afirmado que nunca llegó a la vía, $621 millones en cunetas inexistentes, $1.602 millones en tramos de pavimento sin ejecutar y $4.780 millones en obras defectuosas. En otras palabras, recursos públicos desembolsados por trabajos que nunca se realizaron o quedaron en condiciones precarias.
La interventoría tampoco sale bien librada. Contratada por más de $1.200 millones y con adiciones que elevaron su valor en un 45%, su labor terminó siendo deficiente al punto de inducir a la Gobernación a pagar por obras inexistentes o de pésima calidad. La Contraloría cuestiona su papel y la señala como corresponsable del fracaso del proyecto.
Mientras tanto, la comunidad de Chaparral y San Antonio continúa transitando por una carretera llena de huecos, fisuras y riesgos para la seguridad vial. Los más de 60.000 habitantes que esperaban una obra capaz de mejorar su movilidad y dinamizar la economía local siguen relegados a la misma vía en ruinas.
El órgano de control concluyó que este caso refleja graves fallas institucionales, desde la falta de planeación hasta la débil supervisión de la ejecución contractual. Según el informe, el contratista logró cobrar más de $29.800 millones sin entregar los resultados esperados, lo que representa un golpe directo a las finanzas públicas y a la confianza ciudadana.
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La indignación entre los habitantes del sur del Tolima no se hizo esperar. Muchos recuerdan cómo el proyecto fue presentado como la solución definitiva para fortalecer el comercio, la conectividad y el turismo de la región. Hoy, esas promesas parecen enterradas bajo denuncias de corrupción y un camino que permanece en el abandono.
Expertos en contratación pública advierten que este caso debe convertirse en un precedente ejemplar, pues expone prácticas frecuentes en la infraestructura nacional: adiciones injustificadas, interventorías permisivas y contratos que se convierten en negocios para unos pocos. La exigencia ciudadana es clara: que se sancione a los responsables y que los recursos públicos dejen de perderse en el camino.
El informe de la Contraloría ya fue remitido con hallazgos de posible incidencia fiscal, disciplinaria y penal. En los próximos meses, la justicia deberá establecer responsabilidades y tomar decisiones que permitan recuperar la confianza en la gestión pública. Entretanto, la vía Chaparral–San Antonio sigue siendo una deuda pendiente y un símbolo de cómo la corrupción frena el desarrollo de las comunidades.
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