De acuerdo a los 6 periodistas enviados por El Espectador, La vorágine y Cambio, quienes aunaron esfuerzos para construir la historia compleja que se desarrolló en el Departamento de Putumayo a orillas del Río Putumayo sobre la altura de Puerto Ospina, en la Vereda del Alto Remanso.
Las redes sociales enfilaron la denuncia hacia las diferentes organizaciones internacionales sobre una nueva masacre perpetrada presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública, quienes en un operativo militar acuñado como “exitoso”, dejó como resultado la muerte del presidente de la Junta Acción Comunal, su esposa embarazada, un Gobernador indígena y un menor de edad, entre otros.
Los hechos se registraron el pasado 28 de marzo del presente año, donde en el operativo hubo 11 personas que perdieron la vida, mientras 4 más, quedaron heridas y reportaron la incautación de 5 fusiles, una pistola, radio de comunicaciones, granadas, munición, entre otras, además de uniformados vestidos de civil con busos negros, gorras, barbados y gritando que no eran de la fuerza pública, sino que eran de la guerrilla.
El trabajo investigativo por los periodistas recogió 30 testimonios de sobrevivientes así como videos inéditos de lo que ocurrió en ese momento, teniendo en cuenta que una comunidad entera estaba realizando un bazar desde hace varias semanas y los últimos días para rematar fueron 26, 27 y 28 de marzo para recoger la plata y colocar en la carretera una placa huella Haciendo ellos mismos las veces de estado, donde el estado no es estado.
Además, denuncian el robo de dinero en efectivo que fue recogido en los tres días que se realizó el bazar, así como la plata de la venta de una finca, botellas de licor y enceres. También la omisión de primeros auxilios por parte de la fuerza pública hacia una mujer embarazada que duró aproximadamente más de una hora en agonía y finalmente murió desangrada en el lugar.
El reporte oficial señala que iban por los integrantes de las FARC que opera en la frontera; dos de ellos mandos del grupo armado residual del frente 48, y que en el proceso del operativo fueron neutralizados 15 presuntos miembros del grupo armado, expreso el Mayor General, Edgar Rodríguez Sánchez, Comandante del Comando Conjunto número 3 del Sur Oriente.
El general Sánchez en la actualidad tiene 32 investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz, relacionado con 56 casos de falsos positivos cometidos entre el 2006 y 2007, cuando este fue comandante del Batallón de Infantería número 27 del Magdalena en Pitalito, Huila.
Operativo e irregularidades
Varios de los testimonios relata que en el momento de los disparos, hombres vestidos de negro, con barba, hirieron de muerte al Gobernador Indígena y al Presidente de la Junta. Cuando todo se calmó, llegó la fuerza pública, sin embargo, las personas fueron sacadas de sus casas y llevados al polideportivo principal de la Vereda Altos del Remanso, mientras que los uniformados según la denuncia, alteraron los cuerpos de los fallecidos.
En un principio la población pensó que era una toma guerrillera, pero al instante un helicóptero aterrizó. Los pobladores vieron como varias de esas personas vestidas de negro que antes habían disparado insdiscriminadamente, se subieron al helicóptero, mientras que otras se metieron a la selva y se cambiaron la ropa. Ahí fue cuando se dieron cuenta que habían sido engañados y que la operación había sido ejecutado por el mismo ejército.
Una de las inconsistencias que también fue reportada está en que el ejercito hizo presencia en el lugar por 7 horas como autoridad en el lugar, sin la presencia de la Fiscalía. la pregunta es ¿qué pasó durante todo ese tiempo? sobre todo con los cuerpos de las víctimas.
Según evidencias recolectadas por El Espectador; Colombia 2020, uno de los menores de edad de 16 años muerto en el operativo, le habrían manipulado su cuerpo porque no apareció donde se supone que habría muerto, y fuera de eso habían puesto armamento de forma deliberada para desviar a futuro las posibles investigaciones que den a lugar.
Otro hecho que también quedó, está en el reporte de 4 personas capturadas en ese operativo, pero el ente investigador desmintió en un comunicado que existieran personas procesadas judicialmente por este caso, y que ni quiera hayan personas a disposición de jueces de control de garantías.
Incluso se conoció que autoridades municipales además de la defensoría del pueblo, no estuvieron presentes oportunamente atendiendo o haciendo un debido acompañamiento a las víctimas, especialmente el personero Municipal de Puerto leguizamo quien no dio declaraciones.
A esto se suma que ya hay desplazamientos por temor a las represalias que se puedan dar a lugar. La mayoría sobrevivientes de la masacre salieron porque o no son de la vereda o temen por su vida.
Frente a lo anterior, unidades militares hacen presencia en la zona e investogadores de la Fiscalía llegaron a tomar testimonios pero la situación está en tensa calma por lo ocurrido con sus seres queridos y la comunidad en general, que muy pocos se atraven a suministrar su testimonios por la mirada y presencia del Ejercito.
