La sesión fue escenario de intensos intercambios en los que Zambrano argumentó que el convenio no debería ser una “camisa de fuerza” para el avance del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Ibagué y abogó por una decisión inmediata de liquidación.
Zambrano resaltó las advertencias de los entes de control, señalando que la Procuraduría buscará una demanda de controversia contractual para poner fin al convenio, tras la falta de resolución en la mesa de conciliación. Desmintió la noción de que la ciudad perdería fondos del Gobierno Nacional, mostrando que el 40% de los recursos podría desembolsarse independientemente del componente tecnológico, según la Ley 2294 de 2023.
El concejal hizo hincapié en que el SETP tiene dos años para cumplir con el cronograma y el componente tecnológico antes de que se liberen los recursos del Gobierno Nacional, contrarrestando la supuesta “camisa de once varas”. Recordó la promesa de la alcaldesa Johana Aranda durante su campaña de liquidar el contrato, planteando interrogantes sobre el incumplimiento de esa promesa.
En relación con la opacidad del modelo financiero del SETP, Zambrano expresó preocupación por la falta de claridad en la información proporcionada al Concejo Municipal y la ilegibilidad de los documentos presentados. Durante la sesión, presentó un video que mostraba el compromiso de la entonces candidata Aranda de liquidar el contrato.
El debate también abordó las tensiones con el gremio transportador, que amenazó con nuevas protestas si el convenio no se liquidaba. Zambrano expresó la esperanza de que la liquidación se llevara a cabo para evitar posibles paros de transportadores y garantizar la implementación exitosa del SETP.
El concejal concluyó enfatizando que, si bien hay consenso sobre la necesidad de mejorar el servicio de transporte público, las discrepancias radican en la forma en que se busca implementar y recaudar fondos a través de la tarifa.
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