Por: Andrés Bohórquez Canisalez, Líder Social del Corregimiento de Gualanday, Municipio de Coello, Tolima
Tras más de una década de espera, el municipio de Coello finalmente avanza en el cumplimiento de un fallo de acción popular que busca restituir los derechos de 38 familias en Gualanday. Este reconocimiento, aunque tardío, devuelve la esperanza a una comunidad que nunca dejó de luchar.
El 7 de marzo de 2011 marcó el inicio de una lucha jurídica por la dignidad y los derechos de 38 familias en Gualanday, corregimiento de Coello, Tolima. Estas familias, reconocidas mediante un decreto municipal, vieron vulnerado su derecho a la vivienda y debieron acudir a la justicia para hacer valer su reconocimiento legal. La batalla legal se extendió por más de una década, con un fallo favorable en 2013 y su ratificación en 2014, pero el cumplimiento efectivo se dilató hasta el 2025.
El pasado 5 de marzo, la administración municipal de Coello sorprendió con un gesto inédito: el reconocimiento público del trabajo realizado en defensa de la comunidad de Gualanday. En un video transmitido por las redes sociales de la Alcaldía, se informó sobre la ejecución de las actividades contractuales necesarias para dar cumplimiento al fallo de acción popular 2011-096. Este mensaje, inesperado para quienes han luchado por la causa, marca un hito en la historia de este proceso.
La lucha social no es tarea fácil. Durante estos 14 años, las familias afectadas y sus defensores han enfrentado obstáculos administrativos, indiferencia institucional y una larga espera que puso a prueba su resiliencia. No solo se trató de una batalla jurídica, sino de un desafío moral y ético para quienes creyeron en la justicia como herramienta de transformación social.
El reconocimiento público del trabajo legal y social es un acto de moralidad administrativa que rara vez se ve en el país. Por años, las redes sociales de la Alcaldía de Coello mantuvieron bloqueado al abogado que lideró la defensa de estas familias, lo que hace aún más significativa la rectificación y el mensaje de apertura.
Sin embargo, esta victoria no es un punto final. La defensa de los derechos colectivos en Coello y Gualanday continúa. Aún está pendiente un fallo de acción popular en favor de los comerciantes afectados por la construcción de los viaductos, así como otras luchas por la gestión del riesgo de desastres y la protección del territorio.
Las luchas sociales no deben ser reconocidas solo cuando el tiempo las vuelve imposibles de ignorar. La justicia tardía sigue siendo una deuda con la comunidad, pero la acción del 5 de marzo abre la puerta a una administración más cercana a sus ciudadanos y comprometida con el bienestar colectivo.
En Coello, la esperanza ha renacido. Pero el reto ahora es que esta no vuelva a apagarse por la negligencia y el olvido. La comunidad ha demostrado que la persistencia y la acción legal pueden hacer la diferencia. Y aunque tardó 14 años, este reconocimiento es una prueba de que la lucha por la justicia siempre vale la pena.
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