Desde el inicio de las operaciones militares en agosto de 2025, Medicina Legal ha confirmado la muerte de 15 menores de edad en enfrentamientos y bombardeos dirigidos contra las disidencias de las FARC en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare. La entidad reafirma su compromiso con la independencia y la transparencia en la identificación de las víctimas.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha confirmado la muerte de 15 menores de edad como resultado de varias operaciones militares que han tenido lugar desde el 24 de agosto de 2025. Estas operaciones, llevadas a cabo en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare, han sido parte de la ofensiva contra las disidencias de las FARC, responsables de reclutar menores de edad para sus actividades armadas. El director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, informó que los cuerpos de las víctimas fueron entregados en su mayoría durante los operativos desarrollados en zonas de difícil acceso, donde las fuerzas militares han intensificado sus acciones.
El primer operativo se registró el 26 de agosto en la vereda Nueva York, ubicada en el municipio de El Retorno, Guaviare. En esta operación, se recibieron ocho cuerpos, tres de ellos pertenecientes a menores de edad, dos hombres y una mujer. Estos cuerpos fueron plenamente identificados tras las rigurosas pruebas de Medicina Legal. En octubre, una segunda operación en Puerto Santander, Amazonas, dejó como saldo la muerte de cuatro personas, todos menores de edad, tres hombres y una mujer, que fueron identificados el 7 de octubre.
A medida que avanzaban los operativos, el 10 de noviembre, Medicina Legal recibió un total de 20 cuerpos tras una operación militar en la vereda Itilla, en Calamar, Guaviare. De estos, 16 fueron plenamente identificados, y entre los fallecidos se encontraron siete hombres y 13 mujeres. De estas víctimas, siete menores (tres hombres y cuatro mujeres) fueron identificados. Este hecho reveló nuevamente el impacto que tiene el reclutamiento forzado y la violencia en la juventud de las zonas rurales.
La cuarta operación, llevada a cabo el 13 de noviembre en la vereda La Esmeralda, en Puerto Rondón, Arauca, dejó como saldo ocho cuerpos. De estos, siete fueron identificados, y uno más permanece sin identificar. Entre los fallecidos se encontraba una menor de edad, confirmando la tendencia de la presencia de jóvenes en las zonas de combate, víctimas de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército.
El presidente Gustavo Petro, en su intervención pública sobre el tema, expresó su preocupación por la muerte de menores en estos operativos. En una publicación oficial, Petro afirmó que al menos 12 menores de edad habían muerto en bombardeos dirigidos contra las disidencias del grupo armado Iván Mordisco, y destacó que estos niños fueron víctimas del reclutamiento forzado. El mandatario subrayó la responsabilidad de los grupos armados en la violación de los derechos humanos y anunció que se tomarían medidas legales en su contra.
Por su parte, Medicina Legal ha reiterado su compromiso con la transparencia y la justicia, asegurando que todos los procesos de identificación y análisis forense se realizan conforme a los más altos estándares científicos. La entidad reafirmó su independencia técnica y su objetivo de esclarecer los hechos para que las víctimas y sus familias puedan obtener la justicia que merecen.
A lo largo de estos meses, las operaciones militares en las zonas afectadas por el conflicto armado han dejado numerosas víctimas, en su mayoría jóvenes, que han caído en el contexto de una guerra que ha dejado profundas huellas en las comunidades más vulnerables. El reclutamiento forzado de menores de edad sigue siendo una de las principales problemáticas en estas regiones, lo que ha generado una fuerte preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
En conclusión, el Instituto Nacional de Medicina Legal sigue comprometido con su labor, a pesar de la complejidad de los casos que enfrenta, y continúa su misión de garantizar que los responsables de estos hechos sean identificados y procesados de acuerdo con la ley, mientras se mantiene el respeto por los derechos humanos y la justicia.
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