En medio de acordes y tradiciones, el segundo festival de música tradicional y campesina, que tuvo lugar del 7 al 9 de julio del pasado año en el Municipio de Cajamarca, Tolima, ha desencadenado un escándalo financiero que cuestiona la integridad de la administración anterior y sus decisiones respecto a eventos de gran envergadura.
Uno de los actos reprochables que resuena con fuerza es la “inauguración” del parque principal durante el festival, una inauguración que aún no ha sido completada en su totalidad, dejando a la comunidad consternada ante la falta de transparencia.
Sin embargo, lo más impactante son las cifras asociadas al evento. Comparando los costos entre el primer festival en 2021 y la segunda edición en 2023, se evidencia un aumento significativo. Mientras que el festival inaugural tuvo un costo de $280.000.000, la segunda edición alcanzó la cifra de $400.000.000. Este aumento, ocurriendo en un año electoral, ha suscitado sospechas y críticas hacia la gestión financiera de la administración anterior bajo el liderazgo de Roberto Vargas.
Pero el drama financiero no termina aquí. Se ha revelado que existe una deuda millonaria con el contratista responsable de llevar a cabo el evento. La suma adeudada asciende a $180 millones, lo que ha generado un proceso judicial en contra del municipio. Se anticipa que las pólizas por incumplimiento serán aplicadas, añadiendo presión adicional a las ya ajustadas arcas municipales.
Este hallazgo ha provocado una serie de interrogantes sobre la administración financiera pasada. En los próximos días, el actual alcalde, Camilo Valencia, se dirigirá a la comunidad para ofrecer un balance completo sobre el endeudamiento y la situación financiera actual del municipio. Un cierre de año fiscal anterior que se ha visto obstaculizado por la falta de información proporcionada por el exsecretario de hacienda de la administración de Julio Roberto.
Este nuevo escándalo financiero plantea la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas administrativas pasadas y destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para restablecer la confianza de la comunidad en la gestión pública y garantizar un uso responsable de los recursos municipales.
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