El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que solicita suspender la posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali. La demanda cuestiona la legalidad del traslado de la sede del Congreso y los recursos públicos destinados para la ceremonia.
La posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, entró en un nuevo escenario jurídico luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera una acción popular que busca suspender el acto protocolario. La decisión abre un proceso judicial en el que las autoridades deberán responder por los argumentos planteados por el demandante.
La acción fue presentada por el ciudadano David Fernando Cano, quien sostiene que el traslado de la sede del Congreso de la República a Cali podría vulnerar derechos colectivos relacionados con la protección del patrimonio público, la moralidad administrativa, la legalidad del gasto, la seguridad ciudadana y la transparencia en el desarrollo de la ceremonia presidencial.
En el documento radicado ante el alto tribunal, el accionante argumenta que, hasta el momento, no existiría información pública suficiente sobre los procedimientos que respaldaron la decisión de realizar la posesión fuera de Bogotá. También cuestiona la ausencia de detalles certificados sobre los costos, el esquema de seguridad, la logística y el soporte presupuestal del evento.
Como parte del trámite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó a las entidades involucradas remitir de manera prioritaria la documentación relacionada con la organización de la ceremonia. Entre las pruebas requeridas figuran las actas de las sesiones del Congreso y las certificaciones que acrediten el quórum con el que se autorizó el traslado temporal de la sede legislativa.
La demanda también solicita que se hagan públicos los acuerdos mediante los cuales se aprobó la realización de la posesión en Cali, así como los estudios financieros que sustenten los recursos destinados al evento. Además, pide que no se ejecuten gastos adicionales mientras no se demuestre plenamente la legalidad y necesidad de dichas erogaciones.
El presidente electo, Abelardo De la Espriella, ha defendido públicamente la decisión de realizar su posesión en la capital del Valle del Cauca. Según ha manifestado, el evento tendrá un costo considerablemente inferior al registrado en la posesión presidencial del gobierno anterior y busca descentralizar uno de los actos institucionales más importantes del país.
Pese a la admisión de la acción popular, esta decisión no significa que la ceremonia haya sido suspendida. El proceso apenas inicia su etapa de estudio y será el Tribunal el encargado de evaluar las pruebas, escuchar a las entidades demandadas y determinar si existen fundamentos para decretar o no las medidas solicitadas por el ciudadano.
Mientras avanza el trámite judicial, la organización de la posesión presidencial continúa conforme al cronograma previsto para el 7 de agosto en Cali. La determinación que adopte el Tribunal en los próximos días será clave para definir si el acto se desarrolla en el escenario anunciado o si se ordena alguna medida que modifique su realización.
