El economista e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Nicolás Álvarez Bernal, ha presentado una demanda en contra del Ministerio de Educación Nacional, el Municipio de Ibagué – Secretaría de Educación Municipal, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Álvarez Bernal señala que esta demanda podría sentar un precedente significativo, ya que en Ibagué hay alrededor de 83.800 estudiantes matriculados, pero solo 36.000 reciben alimentación escolar. Con las pretensiones de la demanda, se busca beneficiar a más de 50.000 estudiantes, lo cual sería un logro histórico en términos de acceso a la alimentación para la población estudiantil.
El magistrado ponente, Dr. José Andrés Rojas Villa, emitió el auto admisorio de la demanda el 14 de marzo de 2023, ordenando comunicar la decisión a través del sitio web de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima, según lo establecido en el artículo 21 de la ley 472 de 1998.
La demanda tiene como objetivo principal la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la prestación eficiente de los servicios públicos. Se solicita a las entidades demandadas la entrega inmediata del componente alimenticio a todos los niños, niñas y adolescentes matriculados en la Institución Educativa Alberto Castilla de la ciudad de Ibagué.
Según Álvarez Bernal, esta demanda busca que se proporcione alimentación a todos los estudiantes matriculados, incluyendo el periodo de vacaciones. Hasta el momento, se han instaurado un total de 63 acciones populares similares en otros colegios, todas con el objetivo de garantizar la alimentación para cada uno de los estudiantes durante todo el año. “La demanda de acción popular fue producto de una investigación qué realicé donde pude constatar las graves falencias del PAE en Ibagué y las grandes necesidadea alimentarias de la ciudad”.
El economista resalta la importancia de esta demanda y afirma que ha sido respaldada por el Tribunal Administrativo del Tolima. Actualmente, el caso se encuentra en trámite y se han realizado inspecciones judiciales en los colegios para evaluar la calidad de los alimentos y verificar a quiénes se les brinda y a quiénes no.
Finalmente, esta acción forma parte de un conjunto de demandas similares en otros colegios de la ciudad, con el objetivo de ampliar la cobertura de alimentación escolar y beneficiar a una mayor cantidad de estudiantes. El proceso judicial se encuentra en curso y se espera que esta demanda pueda sentar un precedente histórico en la garantía de los derechos de los estudiantes y el acceso a la alimentación escolar.
