Brandon Andrés Archila, imputado por el feminicidio de Sharit Ciro, causó revuelo tras la difusión de una imagen en redes sociales presuntamente tomada desde el COIBA de Picaleña. Las autoridades investigan cómo obtuvo acceso a un celular dentro del penal.
Brandon Andrés Archila, señalado del feminicidio de Sharit Ciro, volvió a estar en el centro de la controversia luego de que en redes sociales circulara una fotografía en la que aparece en actitud relajada dentro del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (COIBA) de Picaleña.
La imagen generó indignación y cuestionamientos sobre la seguridad dentro del penal, ya que se presume que fue tomada con un teléfono móvil, lo que reabre el debate sobre el uso de estos dispositivos en centros penitenciarios del país.
En respuesta a la polémica, la Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que Archila fue trasladado al COIBA de Picaleña el pasado 21 de marzo y no se encuentra en la Permanente Central, como inicialmente se especuló. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre la forma en que el recluso pudo acceder a un celular.
El uso de teléfonos móviles en cárceles colombianas es un problema recurrente. Las autoridades han señalado que estos dispositivos son empleados frecuentemente para cometer delitos como extorsión, estafa y otras actividades ilegales, lo que ha llevado a constantes operativos de incautación.
El caso de Archila pone en evidencia la falta de control en algunos centros penitenciarios, donde el acceso a tecnología sigue siendo una problemática sin solución definitiva. La comunidad exige respuestas sobre cómo un interno con una acusación tan grave logró compartir contenido en redes sociales.
Ante la controversia, la Defensoría del Pueblo y organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres han expresado su rechazo y piden a las autoridades penitenciarias reforzar la vigilancia para evitar este tipo de situaciones.
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La indignación también se ha reflejado en redes sociales, donde múltiples usuarios exigen sanciones y medidas estrictas para evitar que personas privadas de la libertad tengan acceso a dispositivos móviles.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, pero se espera que se inicie una investigación para determinar responsabilidades dentro del penal.
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