El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusan de atentar contra la libertad de expresión, la prensa y el derecho al acceso a la información en Colombia.
La acción judicial, compuesta por 36 páginas, sostiene que el mandatario “ha estigmatizado negativamente” a periodistas y medios de comunicación a través de declaraciones y señalamientos generalizados, los cuales podrían poner en riesgo la seguridad de quienes ejercen este oficio en el país.
Según la demanda, las declaraciones del presidente Petro han deteriorado los indicadores de libertad de prensa, situación que preocupa a organizaciones defensoras de este derecho. Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, explicó que uno de los objetivos de la demanda es que el jefe de Estado se abstenga de emitir mensajes que “desacrediten, intimiden o etiqueten negativamente” a los periodistas y medios nacionales.
Caro también alertó que este tipo de señalamientos pueden generar autocensura en el gremio periodístico, afectando el derecho de la opinión pública a recibir información libre y veraz. “Las declaraciones del Presidente en contra de medios de comunicación y periodistas, que van en aumento y son cada vez más graves, podrían implicar que los y las periodistas se abstengan de informar de manera libre”, puntualizó.
La demanda subraya que el discurso de estigmatización no solo desacredita la labor periodística, sino que también pone en peligro a hombres y mujeres que trabajan en los medios, aumentando su vulnerabilidad frente a agresiones físicas y amenazas.
Por su parte, se espera que el Tribunal analice las pruebas aportadas y determine si las declaraciones del mandatario configuran una violación a los derechos fundamentales, como lo argumenta la Fundación. Este proceso reabre el debate sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en garantizar y respetar la libertad de prensa en un contexto democrático.
El caso ha generado reacciones en diversos sectores, tanto de defensores de los derechos humanos como de organizaciones periodísticas, que han manifestado su preocupación ante lo que consideran un ambiente cada vez más hostil hacia la prensa en Colombia.
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