Alarma en Ibagué por errores en paraderos del SETP a cargo de contratista

La instalación de paraderos tipo banderín del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Ibagué generó críticas tras reportarse errores en la señalización. Esta situación revive cuestionamientos a Juan Carlos Ramírez Ospina, contratista con antecedentes de obras inconclusas bajo la alcaldía anterior.

La instalación de nuevos paraderos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Ibagué ha encendido las alarmas entre la ciudadanía. La obra está a cargo de Juan Carlos Ramírez Ospina, representante del Consorcio Paraderos 25. Ese consorcio ganó la licitación para instalar señalización tipo banderín (paraderos tipo III) y recibirá un contrato por 8.221 millones de pesos. El acuerdo incluye también el mejoramiento de andenes en zonas estratégicas de la ciudad. Esta semana se instaló la primera tanda de cuatro señalizaciones en la carrera Quinta. Sin embargo, horas después de la instalación usuarios del transporte público reportaron errores en la información de las rutas. Las autoridades corrigieron el texto al día siguiente, pero sólo en uno de los paraderos señalizados. El incidente motivó críticas por la falta de rigurosidad técnica y supervisión en el proyecto. Hace solo unos años, en 2022, el mismo contratista fue duramente cuestionado por obras inconclusas bajo la alcaldía de Andrés Hurtado. Este antecedente ha incrementado la desconfianza de los ibaguereños en el desarrollo de estas iniciativas.

En 2022, la administración municipal denunció que los trabajos de pavimentación de la calle 103, a cargo de Ramírez Ospina, presentaron fallas graves. En ese proyecto se omitió la construcción de un puente peatonal y de un sistema de drenaje, lo que provocó inundaciones en temporada de lluvias. Asimismo, se reportaron desprendimientos de tierra en taludes sin tratamiento y placas del andén agrietadas apenas tres días después de la inauguración. La Alcaldía de Ibagué incluso se vio obligada a reconocer públicamente estas irregularidades. En 2023, el contratista volvió a ser objeto de señalamientos por la entrega irregular de obras. En el barrio Limonar, dejó una calle parcialmente sin pavimentar, tras lo cual solo después de una denuncia mediática envió obreros a terminar el tramo pendiente. Este patrón de obras a medias generó críticas en medios locales y en la comunidad. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, Ramírez Ospina ha continuado ganando contratos públicos. Un ejemplo es el Consorcio Vial Ibagué 2022, que le adjudicó un contrato de 13.600 millones de pesos para pavimentar calles en barrios como Viveros, Restrepo, Interlaken, La Francia y El Limonar. Este contrato fue firmado cuando Diego Herrán, funcionario cercano al exalcalde Hurtado, ejercía delegaciones clave en infraestructura municipal.

El contrato de instalación de paraderos del SETP dio inicio el pasado 7 de mayo de 2025. Según los documentos oficiales, Ramírez Ospina debía presentar informes mensuales de avance, pero en el SECOP no figura evidencia de estos reportes. A mediados de julio se identificó un error en la cláusula 16 del contrato original, relacionada con las garantías exigidas al proveedor. Dicha cláusula reducía significativamente la cobertura de la garantía sobre la calidad de los materiales suministrados, favoreciendo en la práctica al contratista. Ante la observación, la administración municipal modificó el contrato para corregir la cláusula. La versión final estipula que la garantía debe cubrir el 20 % del valor total de los bienes entregados, con vigencia de cinco años tras el acta de recibo final. Esta mejora fortalece la protección del patrimonio público, pero evidencia la falta de rigurosidad institucional en las negociaciones iniciales. La ciudadanía ha manifestado preocupación por estos cambios en el contrato y su posible impacto en la ejecución de las obras. En suma, este caso ejemplifica deficiencias en los procesos de contratación estatal del proyecto SETP. La supervisión estrecha de los organismos de control se considera esencial para garantizar la calidad de la obra.

La comunidad ibaguereña observa el desarrollo del contrato de paraderos del SETP con creciente escepticismo. Muchos vecinos advierten que la confianza está seriamente quebrantada tras las fallas previas. El temor es que, sin la supervisión adecuada, las mismas equivocaciones se repitan en nuevas obras públicas. La gestión del proyecto debe garantizar transparencia y calidad técnica en cada etapa. Analistas sugieren reforzar la interventoría y exigir cronogramas concretos para recuperar la credibilidad. En un informe reciente, la Contraloría Municipal reveló que el avance físico del proyecto apenas alcanza el 10 %. La entidad destaca que 12 de los 20 ítems clave presentan retrasos, incluyendo los paraderos tipo banderín. Esta situación contrasta con las expectativas oficiales, pues la administración anterior proyectaba finalizar estos paraderos en 2023. Las autoridades del SETP han respondido que el proyecto aún está en fase de preconstrucción, con diseños y permisos en curso. El caso evidencia las brechas entre los anuncios públicos y la realidad material de las obras.

De acuerdo con medios locales, el contrato fue adjudicado al Consorcio Paraderos 25, liderado por Ramírez Ospina, quien fue el encargado de la polémica pavimentación de la Calle 103 en la pasada administración. Este antecedente genera dudas sobre la selección del contratista para las nuevas señales del SETP. Por su parte, la Alcaldía de Ibagué insiste en que el proceso cumple con todos los requisitos legales. El gerente del SETP, Aquileo Medina, ha señalado que la intervención de los paraderos busca beneficiar al usuario y mejorar la movilidad urbana. En contraste, el más reciente informe de la Contraloría advierte que el avance físico del proyecto apenas alcanza el 10 %. Según el ente fiscalizador, 12 de los 20 ítems clave del SETP registran retrasos significativos, incluyendo las obras de señalización. Estos datos sugieren que el proyecto se encuentra en un estado inicial, muy lejos de la conclusión anunciada. Expertos en contratación pública destacan la importancia de transparentar los cronogramas y penalizar incumplimientos para recuperar la confianza. Por el momento, la ejecución de los paraderos continuará bajo la lupa de los ciudadanos y entes de control. Sólo el tiempo dirá si las garantías contractuales y los controles institucionales son suficientes para asegurar la calidad de la obra.

La sociedad civil ha exigido que las instancias de control actúen con firmeza ante cualquier desviación en la obra. Diversas veedurías y líderes comunitarios han puesto sus ojos sobre el proyecto para verificar el cumplimiento de los plazos. El concejal de la ciudad, Martín Castiblanco, expresó su expectativa de que no se repitan “chambonadas” y pidió informes transparentes. Para muchos, este episodio es ilustrativo de fallas en la supervisión interna de la alcaldía. El riesgo de repetir errores previos incrementa la presión sobre los contratistas y las entidades responsables. Se insiste en la necesidad de rendición de cuentas y en sanciones efectivas en caso de incumplimiento. La comunidad espera que las garantías contractuales, ahora elevadas al 20 %, se traduzcan en obras duraderas. El peso de los recursos públicos invertidos exige resultados tangibles y bien ejecutados. Cualquier demora adicional o defecto en los paraderos podría ser objeto de nuevas investigaciones periodísticas. El proceso de la primera fase del SETP en Ibagué tendrá en este caso un efecto demostrativo sobre la gestión futura de infraestructura.

El desarrollo de los paraderos tipo banderín es visto como un paso clave en la implementación del SETP de Ibagué. Autoridades han afirmado que su correcta instalación mejorará la señalización y la seguridad vial. Sin embargo, los ciudadanos exigen que este objetivo no se empañe por problemas administrativos o técnicos. El caso de este contratista ejemplifica la preocupación por la calidad de las obras financiadas con recursos públicos. La prudencia indica que el público seguirá de cerca cada avance, confiando en que las lecciones del pasado se apliquen. Las sanciones previstas en el contrato modifican la relación de incentivos del contratista, pero la vigilancia ciudadana será clave. Ibagué necesita de infraestructura fiable para su sistema de transporte, lo que multiplica el impacto potencial de estos paraderos. El seguimiento a este y otros contratos del SETP se mantendrá como asunto de interés público en los próximos meses. Con cada señal que se instale, se medirá la eficacia de los controles y la intención real de entregar obra bien hecha. Aunque la desconfianza inicial es alta, el éxito del proyecto podría recuperar la fe de los usuarios en la gestión local.

Desde medios independientes como los sitios locales hasta redes sociales, la instalación de paraderos ha sido tema central. Varias organizaciones ciudadanas han anunciado reuniones para evaluar el estado del proyecto y exigir respuestas. El papel de la transparencia ha cobrado relevancia, pues los ibaguereños demandan conocer en detalle cada avance. El horizonte de ejecución (210 días estipulados) es vigilado por los actores locales con interés. Cualquier incumplimiento en plazos o especificaciones técnicas podría reactivar debates en el Concejo Municipal. El riesgo es que los paraderos queden instalados pero sin cumplir los estándares de seguridad y utilidad que prometen. Entidades de control han instado a reportar públicamente cada demora y gasto extra para evitar sorpresas. La percepción de impunidad en obras anteriores ha llevado a la ciudadanía a redoblar esfuerzos de supervisión. En este contexto, la actuación de la Alcaldía y del contratista será escrutada en cada etapa del proceso. El desenlace de este episodio pondrá a prueba la efectividad de los mecanismos de contrapeso institucional en Ibagué.

Las autoridades locales aseguran que se adoptarán todas las medidas correctivas necesarias en caso de fallas. El SETP es una prioridad de la actual administración, según los voceros municipales. El secretario de infraestructura ha prometido reforzar la supervisión en la obra para cumplir con los estándares de calidad. Por su parte, el contratista se ha comprometido en público a corregir prontamente cualquier error detectado. La intervención actual de los paraderos será tomada como aprendizaje para prevenir problemas similares en futuras fases. En el último mes, funcionarios han visitado personalmente algunos de los puntos de instalación de paraderos para verificar avances. El proyecto cuenta con interventoría técnica externa, cuyo informe trimestral puede aportar mayor claridad. El desafío es conseguir que las futuras estaciones del SETP se terminen sin tropiezos desde el primer intento. El éxito de este contrato puede influir en la continuidad del proyecto de transporte masivo. Sin embargo, las expectativas del público siguen siendo cautelosas dada la experiencia reciente.

El caso de los paraderos en Ibagué resalta la importancia de la transparencia en los contratos públicos. Proyectos de alto impacto urbano, como el SETP, demandan vigilancia ciudadana continua. La lección aprendida es que la ejecución de infraestructura debe ir de la mano con la calidad y la rendición de cuentas. Organizaciones gremiales han señalado que mejorar la institucionalidad es clave para evitar la repetición de “chambonadas”. Mientras tanto, la comunidad sigue atenta al avance de cada señal instalada en calles y avenidas. Si los paraderos cumplen su función, podrían contribuir a recuperar la confianza perdida. De lo contrario, los errores ahora corregidos podrían tener repercusiones negativas en la credibilidad municipal. La situación en Ibagué se suma a otros casos similares en el país, donde la veeduría social ha sido determinante. Este episodio concluirá con la entrega final de las obras, pero no sin antes pasar por un proceso de evaluación exhaustiva. Por lo pronto, las dudas persisten y la frase “es mejor prevenir que lamentar” acompaña el ambiente alrededor del SETP.