El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos advirtió sobre las condiciones que enfrentan las personas privadas de la libertad en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. La organización denunció deficiencias en la atención médica, problemas en la alimentación, escasez de agua potable y presuntas irregularidades al interior del centro penitenciario, al tiempo que pidió una reforma estructural del sistema carcelario colombiano.
Las condiciones de reclusión en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, volvieron a encender las alarmas luego de que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunciara una serie de problemáticas que, según la organización, continúan afectando los derechos fundamentales de la población privada de la libertad y del personal que trabaja en el establecimiento penitenciario.
La directora del Comité, Flor Munera, afirmó que uno de los aspectos más críticos sigue siendo la prestación de los servicios de salud. Según explicó, pese a las diferentes reformas implementadas durante los últimos años y al incremento de recursos destinados al sistema, los internos continuarían enfrentando demoras, presuntas negligencias y dificultades para acceder a tratamientos médicos oportunos.
La vocera sostuvo que la crisis sanitaria no es un problema reciente, sino una situación estructural que se ha prolongado durante varios años. En ese sentido, manifestó que las medidas adoptadas por las autoridades no habrían logrado resolver de manera efectiva las necesidades de atención médica de las personas privadas de la libertad.
A estas denuncias se suman los cuestionamientos sobre la alimentación suministrada en el centro penitenciario. De acuerdo con Munera, el Comité ha recibido múltiples reportes en los que se advierte que algunos alimentos llegarían en malas condiciones o con la proteína insuficientemente preparada, situación que, aseguró, ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes con base en los lineamientos fijados por la Corte Constitucional.
Otro de los problemas señalados corresponde al suministro de agua potable. La directora del Comité aseguró que la escasez del servicio ha sido una constante desde la entrada en funcionamiento de la cárcel de Picaleña, afectando tanto a la población recluida como a los funcionarios penitenciarios, lo que, según indicó, repercute en las condiciones mínimas de salubridad e higiene dentro del establecimiento.
Munera también expresó su preocupación por las presuntas vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Afirmó que, en muchos casos, prevalece una visión centrada exclusivamente en el castigo, dejando en segundo plano la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas durante el cumplimiento de las penas.
Frente a la posibilidad de ampliar la infraestructura penitenciaria para enfrentar el hacinamiento, la dirigente sostuvo que construir nuevas cárceles no resolverá la problemática de fondo. En su concepto, Colombia requiere una política criminal integral que priorice la prevención del delito, la resocialización y el fortalecimiento institucional, más allá del incremento de cupos carcelarios.
Finalmente, la directora del Comité denunció la existencia de presuntos actos de corrupción al interior de algunos establecimientos penitenciarios, relacionados con supuestos cobros irregulares para acceder a beneficios básicos como visitas familiares, mejores condiciones de alimentación y otros servicios. Estas afirmaciones corresponden a denuncias formuladas por la organización y deberán ser verificadas por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones que correspondan.
