La alcaldesa Diana Magali Caro aclaró que se activaron todos los protocolos tras la denuncia de presunto abuso a una menor, y afirmó que la responsabilidad penal ahora recae en la Fiscalía. La niña se encuentra protegida en Ibagué, mientras crecen las críticas por la libertad del presunto agresor.
La alcaldesa del municipio de Santa Isabel, Diana Magali Caro, se pronunció por primera vez ante la opinión pública luego de conocerse la denuncia de un padre que afirma que su hija fue víctima de abuso sexual hace cinco meses. El caso ha generado gran conmoción local, en especial porque el presunto agresor aún permanece libre en el pueblo.
La mandataria explicó que la administración municipal, a través de la Comisaría de Familia, actuó de inmediato en cuanto se conocieron los hechos. “Se activaron los protocolos de atención, se denunció el caso ante la Fiscalía y se implementó una medida especial de protección para la menor, quien fue trasladada a Ibagué”, dijo Caro.
Según la alcaldesa, la menor actualmente se encuentra bajo cuidado institucional, asistiendo al colegio y con sus derechos garantizados. “Lo más importante para nosotros fue proteger a la niña. Lo penal ya es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación”, subrayó la funcionaria.
Caro enfatizó que todo el procedimiento fue documentado conforme a la ley y que, tanto la administración como la Comisaría, actuaron con celeridad y responsabilidad. “Nuestro deber era proteger a la menor. La comunidad debe entender que nosotros no podemos intervenir en el proceso judicial”, sostuvo.
Estas declaraciones responden a la denuncia pública del padre de la menor, quien manifestó sentirse abandonado por las instituciones del Estado. “Mientras mi hija fue internada, el hombre señalado sigue caminando por el pueblo como si nada”, dijo en medios regionales.
La situación ha causado indignación entre algunos habitantes del municipio, quienes exigen una actuación más ágil por parte de las autoridades judiciales. El silencio de la Fiscalía ha generado incertidumbre y presión para que se tomen medidas urgentes.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía sobre el estado actual de la investigación. La comunidad y la familia de la víctima esperan acciones claras que conduzcan al esclarecimiento del caso y a la protección de los derechos de la menor.
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