Beatriz Valencia Gómez, alcaldesa del Líbano, Tolima, se encuentra cumpliendo dos días de arresto domiciliario tras ser sancionada por desacatar una orden judicial. La medida se deriva de su negativa a aclarar la desaparición de chatarra de las instalaciones municipales, en un caso que involucra al hermano de José Elver Hernández, alias “Choco”, un conocido político y aspirante a la Gobernación del Tolima.
El fallo judicial, emitido el 2 de agosto de 2024, responde a la falta de respuesta de Valencia Gómez a un derecho de petición presentado por un abogado, quien solicitaba explicaciones sobre el retiro no autorizado de chatarra perteneciente a la alcaldía. Según informes, este material fue retirado por el hermano de “Choco”, lo que llevó al juez a imponer la sanción.
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El registro de la policía del Líbano confirma el arresto domiciliario de la alcaldesa desde el viernes pasado. La bitácora de las autoridades documenta claramente el cumplimiento de la medida, destacando la naturaleza del desacato.
El abogado que presentó el derecho de petición ha iniciado un nuevo proceso de desacato, argumentando que, además de cumplir con los días de arresto, la alcaldesa debía proporcionar la respuesta solicitada sobre la desaparición de la chatarra. La negativa de Valencia Gómez a cumplir con esta obligación podría resultar en sanciones adicionales, incluyendo un aumento en los días de arresto y posibles multas económicas.
El caso ha generado gran controversia en el municipio, ya que no solo involucra a la alcaldesa, sino también a un miembro cercano del círculo político de “Choco”. Este escándalo pone en entredicho la transparencia y la gestión de la actual administración municipal. Fotografías recientes muestran a la alcaldesa Valencia Gómez en su domicilio, cumpliendo con la medida de arresto. Este evento ha suscitado reacciones mixtas entre los residentes del Líbano, algunos de los cuales apoyan la decisión judicial mientras que otros la critican como una maniobra política.
El caso de la desaparición de la chatarra sigue sin resolverse, y la comunidad espera que las autoridades continúen investigando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La falta de respuesta de la alcaldesa a la solicitud del derecho de petición ha alimentado aún más las especulaciones sobre posibles irregularidades en su administración. La situación de Beatriz Valencia Gómez y el impacto de esta sanción en su mandato como alcaldesa del Líbano seguirán siendo monitoreados de cerca por la opinión pública y los medios de comunicación locales.
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