La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se encuentra bajo el escrutinio público después de que se viralizara un video en el que señalaba la falta de personal en las oficinas municipales el pasado 2 de enero. La situación desató críticas de congresistas y ciudadanos, quienes cuestionaron las condiciones laborales de los contratistas tras el fin de sus contratos en diciembre.
El Senador Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, expresó su respaldo a los contratistas y los instó a no trabajar sin garantías contractuales. En redes sociales, Escaf afirmó: “No vaya a trabajar gratis”, haciendo un llamado a dignificar las condiciones de los empleados temporales en el sector público.
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En respuesta, la alcaldesa Aranda señaló que comparte la preocupación del congresista y subrayó que los contratistas no están obligados a laborar sin un contrato firmado. No obstante, precisó que la operatividad administrativa depende de empleados de planta, en provisionalidad y de libre nombramiento, quienes deben garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Por su parte, la senadora Isabel Zuleta sumó su voz al debate con una serie de preguntas dirigidas a la alcaldesa, exigiendo claridad sobre la cantidad de empleados en la administración, el tipo de contratos utilizados y las garantías ofrecidas para los derechos laborales. Estas inquietudes reflejan una problemática estructural que afecta a los trabajadores temporales en las entidades públicas.
La polémica también generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos ciudadanos respaldaron las críticas de Escaf y Zuleta, otros defendieron la posición de Aranda, argumentando que el video buscaba evidenciar problemas administrativos históricos y no responsabilizar exclusivamente a los contratistas.
Expertos en derecho laboral y organizaciones sindicales han advertido que el retraso en la renovación de contratos es una práctica frecuente en el sector público, perpetuando la precariedad laboral. Esta situación, según analistas, no solo afecta a los trabajadores, sino también al funcionamiento de las instituciones, que enfrentan dificultades para garantizar la prestación oportuna de los servicios.
En medio de la controversia, Aranda agradeció las observaciones de los congresistas y prometió revisar los procesos de contratación para evitar futuras demoras. No obstante, sectores opositores han señalado la necesidad de mayor transparencia y efectividad en su gestión para prevenir crisis similares en el futuro.
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