En medio de una acción popular aún sin resolver, la Alcaldía de Ibagué intentó ingresar por la fuerza a la Casa Cultural del Sur, un espacio autogestionado por la comunidad desde hace ocho años. La acción fue rechazada por habitantes de los barrios Unidos del Sur, quienes denuncian una campaña de intimidación y violencia estatal para desalojar el único lugar de formación artística gratuita del sector.
La mañana del 7 de mayo de 2025, en el barrio Kennedy de Ibagué, funcionarios de la Alcaldía acompañados por contratistas y supuestos líderes del sector, intentaron irrumpir violentamente en la Casa Cultural del Sur, sede comunitaria donde se imparten procesos gratuitos de formación artística desde hace ocho años. La acción se produjo pese a que el inmueble se encuentra protegido por una acción popular en curso ante el Tribunal Administrativo del Tolima.
La demanda judicial, presentada por la Asociación Colectivo Perrotrespatas y otros actores comunitarios, busca el amparo de derechos colectivos fundamentales como la recreación, el acceso a la cultura y la participación ciudadana. El expediente, identificado con el número 73001-23-33-000-2025-00008-00, se encuentra bajo ponencia del magistrado Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, quien aún no emite fallo definitivo.
Los habitantes de los barrios Unidos del Sur denuncian que esta arremetida institucional no es un hecho aislado, sino parte de una campaña sistemática de persecución y matoneo encabezada por funcionarios públicos y actores cercanos a los partidos Conservador y Centro Democrático, quienes ostentan el poder local. La comunidad ha documentado agresiones físicas, intimidaciones y actos vandálicos como apedreamientos a la sede cultural.
La Casa Cultural del Sur opera en las instalaciones del antiguo puesto de salud del barrio Kennedy, recuperado y dotado por la misma comunidad con aportes voluntarios y apoyo del entonces Ministerio de Cultura. Allí se han formado niños, niñas, adolescentes y personas mayores en artes escénicas, música, literatura y oficios artísticos, en un proceso pedagógico autónomo y sin fines de lucro.
El intento de ingreso forzado del 7 de mayo ha sido calificado por la comunidad como una forma de violencia institucional y una amenaza directa contra los derechos culturales de los más vulnerables. El Colectivo Perrotrespatas, organización que lidera el proceso, hizo un llamado de alerta temprana a organismos de derechos humanos y plataformas culturales nacionales e internacionales.
La organización advirtió que esta acción de fuerza busca desarticular un proyecto comunitario que ha demostrado resultados concretos en inclusión, prevención de violencias y cohesión social. Señalan que el gobierno local pretende despojar el espacio con fines desconocidos y sin ofrecer alternativas reales para los procesos formativos que allí se desarrollan.
Mientras el Tribunal Administrativo del Tolima no decida sobre la acción popular, cualquier intervención que afecte la integridad del espacio o la continuidad de sus actividades sería contraria al principio de legalidad y podría constituir desacato. Por eso, la comunidad exige respeto a las medidas provisionales de protección y garantías para su derecho a la participación cultural.
Organizaciones sociales, redes artísticas y colectivos de distintas regiones del país han manifestado su respaldo a la Casa Cultural del Sur y su preocupación por el uso del aparato institucional para reprimir la autogestión ciudadana. La historia reciente del país, recuerdan, ha mostrado cómo comienza la violencia estatal cuando se amenaza el tejido comunitario.
Desde el Colectivo Perrotrespatas se ratificó el compromiso con la defensa jurídica, social y cultural del espacio y de las comunidades que lo sostienen. Además, anunciaron acciones de visibilización, movilización y denuncia internacional para frenar lo que consideran una persecución política y un atropello a los derechos fundamentales. La resistencia continúa.
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