La administración municipal de Ibagué, en un esfuerzo por proteger a los compradores de vivienda, ha intensificado las medidas contra constructoras que han incumplido en la entrega de proyectos habitacionales. Este proceso, encabezado por el secretario de Gobierno, Edward Amaya Márquez, ha resultado en la toma de posesión de la empresa Prabyc Ingenieros, señalada por fallas en la entrega de viviendas en el proyecto Hacienda El Bosque.
La decisión de la Alcaldía de intervenir a Prabyc Ingenieros no fue tomada a la ligera. Tras meses de investigación y el registro de 323 procesos jurídicos a nivel nacional, de los cuales 127 se desarrollan en el departamento del Tolima, la administración municipal consideró necesario actuar para proteger los intereses de los compradores. La empresa, que ha reportado pérdidas por más de 21 mil millones de pesos en los últimos dos años, enfrenta un panorama financiero delicado.
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Jhon Ferley Amaya, director de Espacio Público, explicó que la toma de posesión de Prabyc beneficia a unas 350 familias de Ibagué y a más de mil familias en todo el país, quienes han sufrido los efectos de los incumplimientos en los proyectos habitacionales. “La intervención busca salvaguardar los derechos de los compradores y garantizar la entrega de las viviendas comprometidas”, afirmó.
A pesar de la gravedad de la situación, Edward Amaya dejó en claro que esta intervención no es una sanción, sino una medida preventiva que tiene como objetivo priorizar a los compradores antes que a los acreedores financieros. “La toma de posesión tiene una duración inicial de un año, prorrogable si es necesario. Esto no es una medida punitiva, sino una acción que protege los derechos de los ciudadanos”, aseguró.
Además de Prabyc Ingenieros, la Alcaldía ha recibido denuncias sobre el incumplimiento de otras cinco constructoras, cuyas identidades no han sido reveladas mientras se adelantan las investigaciones pertinentes. Las autoridades están evaluando la posibilidad de tomar acciones similares si se confirman las acusaciones en su contra.
El abogado Juan Camilo Caicedo, representante de la Dirección de Espacio Público, aclaró que las investigaciones se están llevando a cabo respetando los derechos de las constructoras implicadas. “Nos aseguramos de que los procesos administrativos se realicen de manera justa y legal, para evitar caer en una cacería de brujas que perjudique injustamente a las empresas del sector”, puntualizó.
El secretario de Gobierno reconoció que las quejas de los compradores han aumentado considerablemente tras la intervención a Prabyc, pero subrayó que no todas las denuncias tienen pruebas suficientes para proceder. “Es necesario actuar con prudencia, pues hablamos de empresas que no solo generan empleo, sino también de familias que sueñan con tener su propia vivienda”, añadió Amaya.
La administración municipal hizo un llamado a la calma y aseguró que los constructores que están cumpliendo con sus obligaciones no tienen nada que temer. “Estamos comprometidos con devolver la confianza a los compradores de vivienda en Ibagué”, reiteró Edward Amaya.
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