La Defensoría del Pueblo ha emitido una advertencia urgente sobre los graves riesgos de seguridad que enfrentan los personeros municipales en diversas regiones de Colombia. Según la entidad, grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas son las principales amenazas para estos servidores públicos, especialmente en las áreas más afectadas por el conflicto armado.
“El riesgo de vulneración en el que están los personeros municipales, de manera particular en lo que conocemos como la Colombia profunda, donde la ausencia del Estado y de sus cuerpos de seguridad pareciera ser la constante, no debe ser ignorado”, declaró Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.
Los personeros municipales, como garantes de los derechos humanos en los municipios, se han convertido en blancos de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Estos funcionarios enfrentan constantes amenazas que dificultan su labor en la defensa y protección de los derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha estado monitoreando de manera permanente la situación en distintas regiones del país. Hasta el momento, se han emitido 13 Alertas Tempranas en lo que va del año, abarcando 105 municipios en 17 departamentos del Caribe, la Orinoquía, la Amazonía y el occidente de Colombia.
“Nos preocupa sobremanera la expansión y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales”, señaló Camargo. Entre los grupos más peligrosos se encuentran el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC), el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Estos grupos, en su constante disputa territorial, generan un peligro significativo para las comunidades y los trabajadores estatales.
La Defensoría ha enfatizado la necesidad de que el Gobierno Nacional y las fuerzas de seguridad del Estado fortalezcan su presencia en las zonas más afectadas. “La protección de la vida de los personeros requiere de una verdadera y efectiva respuesta del Gobierno Nacional. Es su obligación constitucional garantizarles su labor y la de los demás funcionarios que están al servicio de la ciudadanía”, afirmó Camargo.
Esta advertencia subraya la urgencia de implementar medidas de seguridad efectivas para proteger a los personeros municipales y asegurar que puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias. La Defensoría del Pueblo continúa trabajando para visibilizar estos riesgos y presionar por una mayor acción del Estado en la protección de estos servidores públicos.
La situación descrita por la Defensoría del Pueblo refleja la compleja realidad que enfrentan muchas zonas de Colombia, donde la presencia del Estado es débil y los grupos armados ilegales buscan imponer su control. La entidad hace un llamado a todas las autoridades competentes para que actúen con celeridad y eficacia en la protección de los personeros y otros funcionarios que están en riesgo.
