La polémica por el uso de indumentaria militar durante la cabalgata de los 153 años de Melgar derivó en amenazas contra periodistas locales, lo que activó una investigación nacional sobre seguridad, libertad de prensa y contratación pública.
La celebración de los 153 años de Melgar, Tolima, se convirtió en un hecho de preocupación por la seguridad y la libertad de prensa. Durante la cabalgata inaugural del pasado 1 de noviembre, un grupo de aproximadamente 60 personas, contratadas como equipo de logística, apareció vestido con prendas camufladas, botas militares y gorras rojas, lo que generó alarma entre los asistentes y autoridades.
La presencia de estos individuos, cuya apariencia imitaba la de fuerzas armadas o grupos ilegales, despertó inquietud entre los ciudadanos y exmilitares presentes. La Policía y el Ejército se vieron obligados a intervenir para verificar la identidad y el propósito de este grupo, cuyo comportamiento, según varios testigos, habría sido agresivo durante el evento.
La polémica tomó un giro más grave cuando periodistas locales publicaron imágenes y denuncias sobre lo ocurrido. Uno de los hombres retratados en las fotografías contactó a los comunicadores por WhatsApp con mensajes intimidantes, exigiendo que eliminaran el contenido. Según manifestó, su presencia en Melgar podría afectar un proceso judicial relacionado con su pasado en un grupo armado.
Esta intimidación fue interpretada como una amenaza directa a la libertad de prensa, despertando la reacción de autoridades departamentales y nacionales. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó su total respaldo a los periodistas afectados y afirmó que “no se tolerará ningún tipo de intimidación o censura en el departamento”.
La mandataria resaltó la importancia del trabajo periodístico para la transparencia y la democracia, recordando que “la libertad de prensa es un pilar esencial de cualquier sociedad justa y segura”.
Por su parte, el secretario de Seguridad del Tolima confirmó que se abrió una investigación para identificar a las personas que participaron en la cabalgata con vestimenta militar, así como para esclarecer las amenazas digitales contra los comunicadores.
Entre las entidades que adelantan las pesquisas se encuentran el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Procuraduría, la Fiscalía General, la Policía Nacional y el Ejército.
Las autoridades también indagan por qué la empresa contratista no verificó antecedentes de los miembros de la logística ni estableció protocolos sobre el tipo de indumentaria permitida, con el fin de evitar confusiones o riesgos en eventos públicos de gran concurrencia.
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