La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Ibagué por presuntas omisiones en la asignación de recursos entre 2021 y 2023 para el mantenimiento de la URI y La Permanente Central. El ente de control calificó la falta como grave y cuestiona vulneraciones a los derechos de la población privada de la libertad.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, por presuntas omisiones administrativas en el cumplimiento de sus funciones durante su periodo como mandatario municipal entre 2021 y 2023.
El órgano de control investiga la aparente falta de asignación de recursos públicos en el presupuesto municipal destinados a garantizar el adecuado funcionamiento de centros de detención temporal, como la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y la estación de policía conocida como La Permanente Central.
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Estas omisiones habrían generado una grave afectación a la infraestructura, la logística de traslados, la atención médica, así como a la provisión de elementos de aseo e insumos básicos para la población detenida en estos espacios.
De acuerdo con la Procuraduría, la conducta atribuida a Hurtado podría haber vulnerado derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, quienes requieren protección especial por parte del Estado. Por esta razón, el caso fue calificado preliminarmente como una falta grave cometida con culpa grave.
La investigación también señala la responsabilidad del exmandatario en el deterioro progresivo de estos espacios, lo cual habría sido evitable con una correcta planeación presupuestal, conforme a las competencias legales de los alcaldes en materia de seguridad y derechos humanos.
Este proceso disciplinario se suma a los reiterados señalamientos que ha recibido Hurtado tras su salida del cargo, aunque pocos han avanzado en instancias judiciales o disciplinarias. Su figura, sin embargo, sigue teniendo influencia política al ser considerado el principal apoyo de la actual alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por el estado crítico de las cárceles municipales, mientras que sectores ciudadanos exigen que las responsabilidades administrativas no queden en la impunidad.
El Ministerio Público continuará con el proceso para determinar si existen méritos para una sanción definitiva. Desde Informativo Elecciones Tolima se mantendrá el seguimiento a este caso, que podría marcar un precedente en materia de control a la gestión local.
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