La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, firmó un contrato por $168 millones con un abogado bogotano para representar al municipio en litigios derivados de la fallida obra del puente de la calle 60, una herencia de la administración de Andrés Hurtado. Críticas apuntan a un posible uso indebido de recursos públicos para proteger intereses personales.
La administración de la alcaldesa Johana Aranda vuelve a estar en el ojo del huracán, tras conocerse que contrató al abogado Francisco Javier Perdomo Chaves, de Bogotá, por $168 millones, para representar al municipio en los procesos judiciales relacionados con la inconclusa construcción del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta, obra iniciada durante el mandato de Andrés Hurtado.
El contrato, vigente por ocho meses, establece un pago mensual de $21 millones, lo cual ha generado críticas desde diversos sectores sociales y políticos, que cuestionan si esta contratación realmente responde al interés de los ciudadanos o si, por el contrario, está dirigida a proteger a Hurtado, mentor político de Aranda.
El proyecto del puente de la 60, que pretendía mejorar la movilidad en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, se ha convertido en símbolo del atraso y la mala gestión. Desde su anuncio y posterior suspensión, no ha mostrado avances significativos y continúa siendo objeto de investigaciones por presuntas irregularidades administrativas y financieras.
La contratación del abogado Perdomo ha sido leída por críticos como una jugada para blindar jurídicamente a quienes promovieron esta obra fallida. “No se está defendiendo el patrimonio de Ibagué, se está usando el dinero de los ibaguereños para defender a un exalcalde cuestionado”, afirmaron voceros ciudadanos.
Además, medios de la ciudad de Ibagué revelaron posibles vínculos de la actual alcaldía con contratistas cuestionados, como un empresario costeño capturado por la Fiscalía por lavado de activos, quien habría sido favorecido durante la administración de Hurtado y mantenido por Aranda en procesos contractuales.
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A esto se suma el silencio de la alcaldesa frente a temas sensibles para la ciudadanía como la creciente inseguridad, el abandono de la malla vial y la falta de ejecución en el Sistema Estratégico de Transporte. Mientras tanto, continúa promoviendo su imagen en redes sociales sin respuestas claras sobre las prioridades reales de la ciudad.
Líderes comunitarios y medios independientes exigen que la mandataria actúe con transparencia y ponga por encima de todo los intereses de Ibagué. La ciudadanía sigue atenta y no descarta acciones jurídicas y disciplinarias para vigilar el uso de los recursos públicos y evitar que se repitan los errores del pasado reciente.
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