La Procuraduría General de la Nación, con base en datos del sistema SIVICAP del INS, advierte irregularidades graves en la calidad del agua que se entrega a la urbanización Arboleda del Campestre (comuna 9 de Ibagué).
Los informes oficiales muestran que en varios meses de 2024 el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) superó ampliamente los límites seguros, implicando un riesgo sanitario real para los usuarios. Por ejemplo, la PTAP de Arboleda (860513493) Planta de Tratamiento Arboleda Campestre – Operada por el IBAL, registró un IRCA de 56,6% en marzo de 2024 (riesgo alto). Según el reporte, de las 13 muestras analizadas en lo corrido del año, seis arrojaron niveles de riesgo medio o alto, lo que significa que en esos casos el agua no es óptima para consumo humano. Esta información coincide con los hallazgos que alertan sobre fallas en acueductos comunitarios: la Secretaría de Salud de Ibagué señala que, en su vigilancia local, se han encontrado deficiencias similares en varios sectores de la ciudad.
Pese a estas cifras oficiales, el discurso del operador y de las autoridades ha sido otro. En noviembre de 2024 la Superintendencia de Servicios Públicos confirmó que la planta de Arboleda del Campestre garantiza agua “100% apta para el consumo humano”. La gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), Erika Palma, declaró que los análisis de laboratorio mostraban un IRCA de 0,0% en la planta de tratamiento, ratificando “la confiabilidad” del sistema. Estas afirmaciones oficiales chocan con las cifras del SIVICAP, alimentando la suspicacia de los residentes que, ante la aparente contradicción, exigen explicaciones y resultados tangibles.
Los datos del SIVICAP hablan por sí mismos. Según la Procuraduría, en 2024 se realizaron varias rondas de muestreo en Arboleda del Campestre, sumando al menos trece muestras hasta noviembre. De ellas, seis mostraron niveles de riesgo medio o alto. Además de marzo, meses como abril (IRCA ~26,7%, riesgo medio) y noviembre (18,4%, riesgo medio) también superaron el umbral de seguridad. Este comportamiento errático y recurrente en el indicador IRCA, que debiera estar en el rango 0–5% según la normatividad, refuerza las alertas de las autoridades sanitarias sobre el servicio.
La Secretaría de Salud de Ibagué, máxima autoridad sanitaria municipal, coincide en la gravedad del asunto. Su titular, Martha Liliana Ospina, reconoce públicamente deficiencias en varios acueductos comunitarios y advierte sobre las serias consecuencias para la salud al consumir agua contaminada. Estudios de salud pública indican que el consumo continuado de agua en mal estado puede derivar en gastroenteritis, malformaciones congénitas, cáncer gastrointestinal e intoxicaciones por metales pesados. En este contexto, los habitantes de Arboleda del Campestre claman por transparencia y por que se tomen medidas urgentes antes de que la crisis sanitaria se acentúe.
La Procuraduría recuerda que la Ley 1575 de 2007 (que reglamenta la calidad del agua) define claramente que el acueducto debe suministrar agua apta para consumo humano, y es obligación de la empresa prestadora mantener un servicio continuo y de buena calidad. Sin embargo, en este caso se detectan falencias en los procesos de potabilización y distribución. Los vecinos denuncian que solo los administradores de los conjuntos residenciales tienen acceso completo a la información de las pruebas, mientras la comunidad en general es excluida de reuniones clave y recorridos técnicos. La falta de transparencia refuerza la percepción de un posible incumplimiento normativo en la captación, conducción y tratamiento del agua.
El derecho a un servicio público esencial está en juego. Los habitantes de Arboleda del Campestre —un proyecto de vivienda social impulsado por el Ministerio de Vivienda y la alcaldía de Ibagué (liderada entonces por Andrés Hurtado)— ya pagaron por una infraestructura de acueducto de calidad, pero hoy reciben un suministro de dudosa potabilidad. La contradicción entre la promesa oficial de agua segura y los datos duros es intolerable: como señala una comunicación de la veeduría local, la comunidad vive “con la incertidumbre y el pánico” por el agua que consumen. En estas condiciones, alcaldía y Gobernación del Tolima —a través de la Secretaría de Salud departamental— deben acudir al laboratorio para verificar independientemente los parámetros y asumir su responsabilidad.
Los riesgos sanitarios se extienden especialmente sobre los sectores más vulnerables (niños, ancianos, personas de escasos recursos), lo que convierte al agua insalubre en un problema social y de derechos humanos. Por ello, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué (únicas autoridades sanitarias competentes) están obligadas a actuar de oficio. La prioridad debe ser la protección de la salud pública: desde la exigencia de estudios rigurosos hasta la implementación de soluciones definitivas. La comunidad exige no solo discursos o inversiones anunciadas, sino hechos concretos que garanticen agua potable de verdad en Arboleda del Campestre.
Procuraduría advierte riesgos sanitarios en Arboleda del Campestre: irregularidades en calidad del agua
Un reciente informe de la Procuraduría Ambiental del Tolima revela graves anomalías en el agua que recibe Arboleda del Campestre de la ciudad de Ibagué. Con base en datos oficiales (SIVICAP del INS) y análisis de laboratorio, la Procuraduría advierte niveles de IRCA en riesgo medio o alto y presencia de mercurio muy superior a los límites legales. La comunicación oficial al Juzgado Primero Civil destaca además la obligación legal (Resol. 2115/2007, art. 15 y Decreto 1076/2016) de considerar estas aguas no aptas para el consumo humano y tomar medidas inmediatas. Mientras tanto, expertos ciudadanos exigen fotos que muestren el mal estado del canal de captación, y la tensión crece entre el IBAL y la comunidad, que denuncian manipulación de resultados e inacción de autoridades locales.
La carta de la Procuraduría Judicial Ambiental del Tolima enviada al Juzgado Primero Civil describe “irregularidades graves en la calidad del agua” captada para Arboleda Campestre, con sustento en los reportes del SIVICAP del INS. Según el concejal Andrés Zambrano, que examina esos datos, de 13 muestras analizadas en 2024, seis arrojaron IRCA en niveles medio o alto, lo que implica que no son aptas para el consumo humano. Destaca especialmente el primer informe de marzo de 2024, con un IRCA de 56,6% (riesgo alto) De hecho, la Procuraduría incluyó una tabla oficial de IRCA en la que se comprueba que en marzo, abril, julio, agosto y noviembre de 2024 el agua superó los umbrales de seguridad y fue clasificada como de alto riesgo o inviable sanitariamente. Estas cifras contrastan con la insistencia oficial de que el agua es potable.
El documento también alerta sobre contaminación química: en muestras del canal de conducción (Laserna) encontraron niveles de mercurio totales cinco veces superiores al límite normativo. Este hallazgo agrava el riesgo sanitario, pues el mercurio es neurotóxico incluso en bajas dosis. Llama la atención que en octubre de 2023 el IBAL había celebrado que su agua “tiene cero metales, cero plaguicidas e IRCA sin riesgo”, por lo que las denuncias de la Procuraduría contradicen directamente los informes oficiales. Además, se observa turbiedad y sedimentos en las tomas de agua cruda que recorre el canal, situación que fotografías captadas por vecinos muestran de manera evidente.
Advertencia legal ineludible
La Procuraduría invoca el artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007, que clasifica como “agua no apta para consumo humano” cualquier suministro con IRCA en nivel medio (14,1–35%) o alto (35,1–80%). Dado que las muestras de Arboleda superan esos niveles, el agua debe considerarse automáticamente insalubre. Igualmente, el Decreto 1076 de 2016 refuerza la obligación del IBAL y las autoridades territoriales de gestionar alertas sanitarias y remitir la información a organismos de control ante estos riesgos. La Procuraduría enfatiza que estas normativas obligan a tomar acciones urgentes de mitigación y vigilancia, apelando a la salud pública de al menos 1.300 familias del sector.
Veedurías y profesionales independientes han denunciado un presunto entramado para encubrir la contaminación. Según informes de prensa, el IBAL contrató de manera irregular a la empresa HYDROCHEMICAL –sin certificación ONAC–, que subcontrató a ANALQUIM para los análisis. Los veedores afirman que HYDROCHEMICAL “ocultó y tergiversó algunos resultados” y modificó lecturas para concluir falsamente que “todos los parámetros se ajustaban a la norma nacional”. Es decir, se habría maquillado información crítica ante el escrutinio ciudadano y de autoridades. La Procuraduría toma nota de estas denuncias internas, pues apuntan a un posible encubrimiento de los índices alarmantes de IRCA y del hallazgo de mercurio.
Críticas a IBAL, Alcaldía y Gobernación
Veeduría VAPI y otros colectivos han sido contundentes: acusan al IBAL, la Alcaldía de Ibagué e incluso a Cortolima de “prácticas irresponsables y peligrosas” para dotar de agua a Arboleda del Campestre. Por ejemplo, denuncian que se habilitó el canal de riego Nicolás Laserna (captación contaminada con pesticidas y aguas residuales) como fuente de agua cruda; tal decisión, advierten, constituye “un acto de absoluta temeridad e irresponsabilidad”. Asimismo, cuestionan que funcionarios municipales hayan aprobado Planos Parciales urbanísticos sin asegurar servicios básicos de agua y alcantarillado, dejando a la comunidad sin garantía de suministro seguro. Mientras el IBAL alega que el agua es perfectamente potable, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía permanecen discretamente al margen, limitándose a repetir informes favorables. Todo ello alimenta la percepción de indiferencia frente a un problema que amenaza la salud pública.
Ante el escándalo, la Empresa Ibaguereña de Acueducto (IBAL) ha reaccionado subrayando documentos oficiales. Cita un informe de la Superservicios (octubre 2023) que ratificó que el agua en Arboleda es apta para consumo humano, con “IRCA sin riesgo” y “cero metales” detectados. La gerente de IBAL presentó estos datos como garantía, aunque sin abordar directamente las nuevas evidencias. En paralelo, comunidades afectadas presentaron tutelas: en noviembre de 2023 un juzgado ordenó provisionalmente al IBAL suministrar 11.375 litros de agua diarios al conjunto Yarumo (Arboleda) hasta resolver de fondo la acción de tutela. Esto refleja la seriedad del reclamo judicial, al reconocer que cientos de familias llevan meses con un servicio irregular e imprevisible.
Riesgo sanitario y llamado a controles
La combinación de IRCA elevados, mercurio y falta de claridad agrava el riesgo sanitario. Los expertos consultados por la Procuraduría insisten en que estos hallazgos exigen medidas inmediatas: más muestreos externos, garantías de tratamiento real del agua y alerta para la comunidad. El Ministerio Público recuerda que la inacción ante un posible foco de contaminación del agua potable puede acarrear sanciones administrativas. Varios ciudadanos demandan transparencia total (incluyendo evidencia fotográfica del estado del canal y las tomas) y castigo a quienes ocultaron información.
Un informe de la Procuraduría del Tolima revela niveles de riesgo medio y alto en la calidad del agua que abastece al sector de Arboleda del Campestre en Ibagué. La planta operada por IBAL presenta deficiencias críticas, mientras se evidencian contaminantes como mercurio y fenoles. La comunidad exige transparencia, muestreos independientes y soluciones inmediatas ante el riesgo para la salud pública. La Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria del Tolima advirtió sobre una grave situación sanitaria en el conjunto residencial Arboleda del Campestre, al revelar que la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del sector presenta fallas severas en todo su proceso: desde la captación hasta la distribución. Las inconsistencias en la calidad del agua, medida a través del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), ponen en evidencia un problema sostenido que, según el ente de control, pone en riesgo la salud de la comunidad.
De acuerdo con el informe, entre marzo y noviembre de 2024 se tomaron diez muestras de agua, de las cuales cinco arrojaron niveles de IRCA por encima del 14 %, clasificándose como de riesgo medio, alto o incluso inviable para el consumo humano. El mes más crítico fue marzo, con un IRCA de 56,67 %, seguido de abril con 26,67 % y noviembre con 18,40 %. Aunque en otros meses el indicador estuvo en niveles considerados sin riesgo, la Procuraduría considera alarmante la fluctuación, ya que indica deficiencias en el control y tratamiento del recurso hídrico.
A esta situación se suma un hallazgo especialmente preocupante: la presencia de mercurio en concentraciones que superan cinco veces el límite legal permitido. Un estudio realizado por HydroChemical S.A.S., con base en muestras tomadas en 2023, identificó 0,01 mg/L de mercurio en el canal de reparto de la PTAP Arboleda, muy por encima del máximo establecido por el Decreto 1076 de 2016, que es de 0,002 mg/L. El informe exige a las autoridades sanitarias notificar al IBAL, al Ministerio de Vivienda y a la Gobernación del Tolima, dado el riesgo inminente para la población.
Otro elemento tóxico detectado es la presencia de fenoles, compuestos que pueden afectar la piel, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Las pruebas que arrojaron estos resultados fueron costeadas por la comunidad, que asegura contar con los certificados de laboratorio correspondientes. Los vecinos afirman que este tipo de compuestos pone en entredicho la potabilidad del agua y la eficiencia de los procesos que IBAL asegura realizar.
Frente a este panorama, tanto expertos en calidad del agua como líderes comunitarios solicitan que los muestreos no se sigan haciendo únicamente por parte del IBAL, sino que sean realizados por laboratorios independientes acreditados, para garantizar imparcialidad en los resultados. La falta de transparencia en los informes periódicos ha incrementado la desconfianza de los residentes hacia las instituciones encargadas de velar por el servicio.
El procurador Daniel Rubio Jiménez hizo un llamado enfático a las autoridades municipales y regionales para que no solo cumplan con las normas sanitarias, sino que respalden con evidencia técnica el estado real de las captaciones, canalizaciones y procesos de potabilización del agua. Aseguró que la negligencia institucional podría derivar en sanciones disciplinarias y acciones legales si se comprueba afectación a la salud pública.
Desde la comunidad, varios habitantes han denunciado la falta de acceso a la información, asegurando que no les entregan copias de las actas de muestreo ni fotografías de las tomas. Uno de los voceros del conjunto, afirmó que “nos dicen que todo está en orden, pero tenemos pruebas que contradicen eso, y nos han rechazado informes presentados con respaldo técnico”. La exigencia central de los ciudadanos es contar con datos abiertos, verificables y continuos sobre la calidad del agua.
Como parte de sus estrategias de visibilización, los vecinos contactaron al youtuber conocido como Wally, quien realizó una denuncia pública basada en la documentación entregada por la comunidad. Aclararon que no recibió ningún pago y que su intervención fue voluntaria, con el objetivo de amplificar la preocupación ciudadana frente al riesgo que implica el consumo del agua en esas condiciones.
Los residentes han acudido también a instancias judiciales, adelantando trámites ante la Personería Municipal para presentar una acción popular que obligue a las entidades responsables a garantizar la calidad del servicio. Aunque prefieren no revelar los detalles de este proceso, aseguran que no dudarán en acudir a la Fiscalía General de la Nación si persiste la omisión institucional. La crisis en Arboleda del Campestre refleja un conflicto más amplio entre el derecho fundamental al agua potable y la débil respuesta de los organismos responsables en Ibagué.
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