El Tribunal Superior de Ibagué ha convocado al Gobierno Nacional a una audiencia el próximo 25 de septiembre de 2024, en respuesta a una acción judicial que cuestiona la posible compra de terrenos en el Parque Nacional Natural de los Nevados. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) habría mostrado interés en adquirir unas 3 mil hectáreas del parque, lo que representa aproximadamente el 8% de su extensión, con el fin de entregar estos terrenos a las comunidades indígenas piscitau y misak del Cauca.
Juan Felipe Harman, director de la ANT, negó inicialmente las acusaciones, asegurando que “no existe ni compra, ni oferta para el pueblo misak en el Parque de los Nevados”. Sin embargo, el representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García, aportó pruebas que evidencian el interés real de la ANT en la adquisición de las tierras, lo que ha generado una controversia nanacional.
Este posible acuerdo ha causado preocupación entre los defensores del medio ambiente del Eje Cafetero, quienes advierten que la cesión de tierras dentro de un área protegida como el Parque Nacional Los Nevados podría poner en riesgo su conservación. Además, subrayan que dicha acción podría entrar en conflicto con la sentencia de la Corte Suprema que reconoció al parque como sujeto de derechos, priorizando su protección frente a intereses externos.
También se han registrado avistamientos de vehículos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en las cercanías del parque, lo que ha intensificado las sospechas sobre la inminente adquisición de los terrenos por parte del Gobierno, incrementando el malestar entre los grupos ambientalistas de la región.
En respuesta a esta situación, el abogado ambientalista Juan Felipe Rodríguez Vargas interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República y otras entidades, por el presunto incumplimiento de la sentencia que protege al Parque Nacional Natural Los Nevados. Rodríguez argumenta que permitir la entrega de estos terrenos a las comunidades indígenas violaría las normativas de conservación establecidas para esta área natural.
Durante la audiencia, el Gobierno Nacional deberá presentar una explicación clara sobre la necesidad de adquirir estas tierras y justificar cómo esta acción no contravendría los derechos del parque, así como el impacto que tendría en su protección y sostenibilidad a largo plazo.
El caso ha generado un intenso debate sobre la forma en que se deben equilibrar los derechos de las comunidades indígenas con la preservación de los recursos naturales en áreas protegidas. Ambientalistas, líderes indígenas y sectores del Gobierno esperan que la audiencia permita esclarecer el futuro de este importante parque nacional.
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