El Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP de Ibagué está bajo escrutinio luego de que se revelara un aumento considerable en el número de contratistas y en el presupuesto asignado a su contratación durante el primer año de la administración de Johana Aranda. Según datos presentados en el Concejo Municipal, el SETP pasó de 79 contratistas en 2023 a 114 en 2024, con un gasto que ascendió de $703 millones a $2.000 millones, generando controversia sobre el manejo de recursos públicos.
El concejal Jorge Bolívar denunció que muchas de estas contrataciones podrían responder a favores políticos. “Se están contratando perfiles que no parecen necesarios para el funcionamiento del sistema, como psicólogos y otros profesionales, desviando recursos que deberían estar destinados a mejorar el transporte público,” afirmó Bolívar. Además, el cabildante criticó que, pese a este incremento en la nómina, los avances en infraestructura y operación del SETP han sido nulos.
Proyectos clave, como la construcción del patio-taller, la adquisición de terrenos para parqueaderos y la renovación de la flota vehicular, permanecen estancados. Según Bolívar, “la ciudadanía no ha visto resultados tangibles, y el transporte público sigue siendo una deuda pendiente en la ciudad.”
Por su parte, el gerente del SETP, Aquileo Medina, justificó el aumento en las contrataciones, señalando que los proyectos en curso requieren equipos multidisciplinarios. “Estamos gestionando obras por más de $68.000 millones. Para estructurar y ejecutar estas iniciativas es fundamental contar con personal capacitado en distintas áreas,” aseguró Medina.
El funcionario también destacó que perfiles como trabajadores sociales y psicólogos son esenciales para abordar el componente social del sistema. “El SETP no es solo infraestructura; implica trabajo comunitario y administrativo para garantizar el éxito del proyecto,” añadió.
Sin embargo, las críticas no se limitan al ámbito técnico. Algunos sectores han señalado que el SETP se ha convertido en un refugio para exfuncionarios de administraciones anteriores, lo que podría comprometer la transparencia y eficiencia de la entidad.
Los ciudadanos y el Concejo Municipal exigen resultados claros que impacten de manera positiva la movilidad en Ibagué. Mientras tanto, la administración de Johana Aranda enfrenta el desafío de demostrar que los recursos invertidos en personal contribuirán efectivamente a la mejora del transporte público.
En un contexto de creciente congestión vehicular y limitadas opciones de movilidad, el SETP tiene la responsabilidad de pasar de las promesas a los hechos, respondiendo a las necesidades urgentes de los ibaguereños.
