La Personería Municipal de Ataco advierte sobre un incremento notable de mineros externos que ingresan al municipio para explotar oro de forma ilegal con maquinaria pesada. Las denuncias han sido respaldadas por operativos recientes de CORTOLIMA y la Policía del Tolima, que documentan graves daños ambientales y presencia de grupos armados en la zona.
La Personería Municipal de Ataco emitió recientemente una alarmante advertencia sobre el ingreso masivo de personas provenientes de diferentes departamentos que estarían instalándose en la región para realizar minería ilegal con maquinaria pesada. Según el organismo de control, este fenómeno, persistente desde hace años, ha cobrado una dimensión que hoy supera la capacidad operativa del municipio, especialmente en áreas rurales vulnerables.
Alertaron que esta expansión irregular supera los controles locales y demandan una intervención urgente del Estado, con participación conjunta de los ministerios de Defensa, Interior y Ambiente. La petición busca frenar las redes dedicadas a la explotación ilícita, combatir la criminalidad asociada y proteger la biodiversidad del territorio tolimense.
Los reportes más recientes de las autoridades refuerzan la preocupación: la Policía del Tolima señala que en Ataco y municipios vecinos —como Planadas— la minería ilegal de oro estaría bajo control de estructuras armadas, lo que agrava los riesgos de violencia, desplazamiento y abuso de poder. Este contexto ha incrementado la inseguridad en zonas rurales.
Por su parte, CORTOLIMA ha realizado múltiples operativos este año, especialmente en veredas como Mesa de Pole, Pueblo Nuevo, Apone, Hato Viejo y Sur de Ata, donde han incautado maquinaria pesada, motobombas y elementos de extracción, además de capturar a varios individuos. Estas acciones evidencian el uso indiscriminado del suelo, contaminación hídrica y destrucción de coberturas vegetales en sitios de alto valor ambiental.
Las consecuencias ambientales ya son visibles: remoción del suelo, erosión, degradación de fuentes hídricas, alteración de ecosistemas y amenazas a la fauna y flora nativas. CORTOLIMA ha calificado los daños como de “impacto severo e irreversible” si no se detiene esta práctica.
Las comunidades locales expresan temor e indignación. Habitantes de veredas afectadas comentan que la actividad minera ilegal ha traído inseguridad, destrucción del entorno, contaminación del agua y violencia. Además, denuncian que muchas veces las operaciones se realizan de noche y sin ningún control, lo que pone en riesgo su bienestar.
Frente a esta situación, las autoridades ambientales, de seguridad y judiciales evalúan crear un Puesto de Mando Unificado con presencia nacional para coordinar esfuerzos, aumentar la vigilancia y judicializar a los responsables. Según los informes oficiales, sin una acción articulada de alto nivel será casi imposible contener la expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima.
Mientras tanto, la Personería de Ataco y CORTOLIMA insisten en la necesidad de que las personas que realicen actividades mineras se formalicen legalmente y cumplan con los requisitos ambientales. Advierten que de no hacerlo se deben activar los mecanismos sancionatorios correspondientes, para proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad de las poblaciones locales.
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