El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la propuesta del presidente Petro de incluir una papeleta en las elecciones de 2026 no busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente durante el actual mandato, sino medir el sentir del pueblo frente a una nueva Constitución.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, despejó las dudas generadas tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la inclusión de una papeleta en las elecciones legislativas de 2026 para consultar al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Según Benedetti, esta iniciativa no implica cambios inmediatos ni afectará al actual gobierno.
“Yo la denomino como la octava papeleta. No estamos hablando de una constituyente para este gobierno, sino de un mandato simbólico que recoja el descontento social y lo proyecte al próximo gobierno”, afirmó el jefe de la cartera política en declaraciones a medios nacionales.
El presidente Petro anunció la propuesta el pasado 20 de junio tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, calificándola como una victoria histórica para la clase trabajadora. En ese mismo mensaje, el mandatario señaló que desistirá de la consulta popular vía decreto, suspendida previamente por el Consejo de Estado.
Benedetti explicó que la papeleta busca ser un instrumento democrático para que la ciudadanía exprese su deseo de una nueva Constitución, argumentando que el actual marco legal “no recoge las transformaciones sociales que necesita el país”. Sin embargo, reiteró que no se promoverá ninguna ley ordinaria para convocar a la Asamblea durante esta administración.
“Si se quisiera convocar una constituyente ahora, habría que tramitar una ley. Pero eso no está en los planes del Gobierno Petro. Lo que se quiere es que el pueblo opine, y si así lo quiere, que el nuevo gobierno proceda conforme a ese mandato”, puntualizó el ministro.
El anuncio ha generado inquietudes sobre posibles reformas inmediatas o intenciones reeleccionistas, ante lo cual Benedetti fue enfático: “No hay reelección, no se busca alterar el orden institucional. La papeleta es simplemente una expresión democrática que busca canalizar el malestar ciudadano”.
Desde sectores de la oposición han surgido críticas señalando posibles riesgos para la estabilidad institucional. No obstante, el Ejecutivo ha insistido en que todo se hará dentro del marco legal vigente y respetando los tiempos democráticos establecidos.
El ministro también destacó que esta consulta sería una herramienta válida para evaluar el clima social actual. “Hay un desazón evidente en la sociedad colombiana, y esa sensación de inconformidad merece una salida institucional. No se trata de una imposición, sino de escuchar al pueblo”, añadió.
La papeleta sería incluida en las elecciones legislativas de marzo de 2026, cuando se elegirá el nuevo Congreso. El resultado de esa consulta popular no sería vinculante, pero sí serviría como mandato político para el próximo presidente.
La propuesta de una nueva constituyente se suma al debate sobre el modelo de país que proponen sectores alternativos. Mientras tanto, el Gobierno espera que la “octava papeleta” sirva como termómetro ciudadano y no como elemento de confrontación.